Por la condena que le obliga a pagar a antiguos trabajadores de BanespaBanco Santander contaba con una provisión de 776 millones de euros en 2019 por si tuviera que hacer frente a la condena que le obliga a pagar a antiguos empleados de Banco do Estado de São Paulo (Banespa) gratificaciones desde el año 1996, un impacto que sus asesores legales ahora ven como "probable". La entidad presentó una acción rescisoria para dejar sin efecto las decisiones del procedimiento principal y suspender la ejecución de la sentencia del Supremo Tribunal Federal (STF), que no especifica ninguna cantidad a ser pagada, ya que esto solo se determinará cuando se haya emitido la sentencia firme y el proceso de ejecución haya comenzado. Así consta en el último informe financiero remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que el banco explica que, después de que el último recurso extraordinario de apelación que presentó fuese rechazado y tras no contar con novedades desde la acción de rescisión que comunicó el año pasado que presentaría, sus asesores legales han cambiado la probabilidad de un impacto de "posible" a probable".Santander aterrizó en Brasil en 1982. El grupo fue ampliando su presencia en banca comercial hasta comprar Banespa en noviembre del 2000. El procedimiento judicial nació a raíz de una reclamación de la asociación de jubilados de Banespa (Afabesp) en 1998 solicitando el pago de una gratificación semestral contemplada en los estatutos de la entidad para el caso en que esta obtuviese beneficios y su reparto fuese aprobado por su consejo de administración.Dicho bonus no fue abonado en 1994 y 1995 por la falta de beneficios del banco y a partir de 1996 y hasta el año 2000 se pagó parcialmente, según acordó el consejo de administración de la entidad. La cláusula se eliminó en el año 2001. El Tribunal Regional de Trabajo condenó a Santander Banespa al pago de esta gratificación semestral en septiembre de 2005, una decisión que fue recurrida ante el Tribunal Superior de Trabajo, que en junio de 2008 resolvió condenando al banco a pagar la gratificación semestral desde 1994 por importe máximo equivalente al monto de la participación en los beneficios.