El banquero italiano Andrea Orcel, quien iba a ser el nuevo consejero delegado del Banco Santander antes de que el grupo financiero echara marcha atrás su decisión, pierde la primera batalla contra la entidad. El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, no ha admitido a trámite la querella que interpuso Orcel contra el Santander por falsedad procesal. No obstante, esta no es la causa principal que el exdirectivo de UBS mantiene contra la entidad por la que le reclama 102 millones de euros por el fichaje frustrado, que sigue su cauce por la vía civil en otro juzgado. Concretamente, Orcel presentó una querella por unos documentos que el banco entregó al juez como respuesta a la demanda del banquero. Según éste, la entidad había manipulado certificaciones de actas de la comisión de nombramientos y de la de retribuciones, y las actas de los consejos de administración de diciembre de 2018 y de enero de 2019, con el objetivo de engañar a la justicia y habría aportado correos electrónicos en los que se habría eliminado el logotipo o el remitente con el mismo objetivo. El juez considera que, a pesar del "esfuerzo narrativo" de Orcel, no se puede entender que el banco actuó de forma fraudulenta y señala que, pese a que haya eliminado el logotipo de la información aportada y los nombres, el contenido "no se discute", por lo que la manipulación no puede llevar a error. Grabación de conversacionesEn pleno inicio de la batalla judicial entre Orcel y el Santander, este verano se conoció que el italiano había grabado las conversaciones que mantuvo sobre su futura contratación en la entidad con la presidenta del grupo, Ana Botín, y otros miembros de la cúpula.Según apuntó el grupo en un comunicado, la grabación de "conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores es una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander". La entidad ratificó así que la decisión de no contratar a Orcel "fue la adecuada".La batalla judicial del banco y Orcel va a centrar el motivo principal del asunto en si el documento de contratación que el Santander puso sobre la mesa era un contrato oficial o una carta de oferta provisional. Mientras el italiano mantiene que se trató de un contrato oficial y por tanto acusa al Santander de incumplirlo, por lo que le reclama 102 millones de euros como compensación, la entidad cántabra apunta a que se trató de una oferta inicial supeditada a varios aspectos, como rebajar la compensación que le pedía por su marcha de UBS.