Hace unas semanas el Ministerio de Sanidad comunicó que abría un expediente para sacar de la financiación pública los medicamentos conocidos como Sysadoas, un tratamiento para la artrosis que, desde su aparición, ha estado envuelto en la controversia. Algunas comunidades autónomas han asegurado que estos fármacos no gozaban de la eficacia que se les presuponía, mientras que pacientes y médicos defienden su uso.Estos medicamentos están comercializados hoy por la compañía española Reig Jofre, quien se los compró a Bioibérica a mediados de 2019 por 46 millones de euros más variables en función de las ventas, que hasta entonces ascendían hasta los 26 millones. Ahora, con la decisión de Sanidad de sacarlos de la financiación pública, el volumen de estas ventas podría reducirse drásticamente.En el expediente para su desfinanciación, según reconoce la propia compañía, Sanidad ha decidido su exclusión por el artículo 93.2 (apartado c) de la Ley de Uso Racional del Medicamento, que señala que Sysadoas sería "susceptible de publicitarse, directamente al público, en la Unión Europea". Esto quiere decir que el Ministerio no duda de la eficacia del medicamento, ya que lo deja en el mercado, pero decide no asumir parte del coste, que revertirá directamente en los pacientes.Reig Jofre ha presentado un informe que compara el uso de Sysadoas con el de antiinflamatorios, la otra alternativa que le queda a los pacientes. Más allá de los inconvenienets médicos de recetar de forma crónica antiinflamatorios, estos producen más efectos secundarios que Sysadoas. Las cifras que maneja la compañía es que los costes asociados a esas adversidades son de 40 millones de euros que se ahorrarían con el uso de Sysadoas. A esa cifra habría que restarle el precio del tratamiento de estos últimos (20 euros al mes), lo que dejaría el ahorro en unos 22 millones.