Italia retrocedió pero no se rindió tras el primer expedientebruselas. Cumplió ayer su palabra el liberal irlandés Charlie McCreevy, comisario europeo de Mercado Interior. Aseguró la semana pasada que en breve abriría un expediente contra las zancadillas del Gobierno de Italia a la fusión entre la empresa española de gestión de autopistas Abertis, y su homóloga italiana Autostrade. El Colegio de Comisarios (reunión semanal de la Comisión Europea equivalente al Consejo de Ministros en España) lanzó ayer a media tarde un procedimiento de infracción del derecho comunitario contra Italia. Bruselas acusa a Roma de utilizar la reforma en trámite del sistema de concesión de las autopistas para dinamitar el desembarco de Abertis en Autostrade. En la carta remitida al Ejecutivo italiano, le advierte de que está cometiendo una "presunta violación" del derecho comunitario. Estaría impidiendo la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, dos de las libertades sobre las que se apoya el mercado único europeo."La Comisión está, sobre todo, preocupada por el hecho de que el nuevo sistema de concesiones podría crear incertidumbres susceptibles de desanimar a los inversores", explicó ayer Bruselas antes de añadir que la reforma del sistema de concesiones de explotación de la red de autopistas transalpinas "carece de objetivos claramente definidos, y las medidas adoptadas no están justificadas desde el punto de vista de garantizar el interés general". Subraya que la maniobra proteccionista italiana "podría crear incertidumbres sobre la renegociación de los contratos de concesión en curso, de manera que el nuevo régimen corre el riesgo de restringir indebidamente la libre circulación de capitales"."El efecto restrictivo está reforzado por la amenaza de anulación de los contratos en vigor si no hay acuerdo entre las autoridades italinas y las concesionarias". Di Pietro ataca la decisión Italia tiene dos meses para defenderse. Si sus argumentos no covencen, Bruselas le dará un ultimatum de otros dos meses para renunciar a sus maniobras. De lo contrario, la denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE.La Comisión Europea ya lanzó una ofensiva por una vía más rápida contra las primeras disposiciones que Roma adoptó en verano para vetar de facto la operación. Ese pulso lo acaba de ganar. Antonio Di Pietro, ministro italiano de Infraestructuras y principal opositor a la fusión, prometió la semana pasada a Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, que renunciará a limitar la presencia de constructoras en el capital de las empresas que gestionan las autopistas. Ayer, el ministro calificó de "equivocado en el método y en el mérito" la decisión de Bruselas. El procedimiento de infracción, explicó Di Pietro, es "un acto preliminar para tener información" y dijo que "nadie está sancionando a Italia". Explicó que es un procedimiento "fuera de tiempo y antes de tiempo" pues hace referencia al artículo doce del decreto que acompaña el presupuesto de 2007 sin considerar que "ha sido radicalmente modificado". Di Pietro considero que se trata de una intervención "poco correcta desde el plano institucional", pues indicó que había acordado un encuentro formal con el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, para el próximo martes, que ya no hará. Si el comisario hubiese esperado, "habría tenido todas las informaciones que ahora faltan", agregó.