La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de cárcel para el expresidente de Banco de Valencia, José Luis Olivas, por un delito societario continuado de falsedad de cuentas de la entidad en 2009 y 2010, junto con una multa de 45.000 euros. El Ministerio Público también ha solicitado condenas de cárcel por distintos años para 13 ex altos cargos de la entidad por el mismo delito y una pena de un año y medio para el socio de Deloitte que auditó las cuentas, Miguel Olmos Llorens, por cooperación necesaria. Según Anticorrupción, la entidad, en 2009 y en plena crisis económica, acaeció en malos resultados con una relevante subida de la morosidad. Sin embargo, la Comisión Ejecutiva y el consejo de administración de Banco de Valencia mantuvieron una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma, "lo que se tradujo en la aprobación de unas cuentas para los ejercicios 2009 y 2010 que no reflejaron la imagen fiel de la entidad". La cúpula del banco realizó ajustes contables para "maquillar" las cuentas, según Anticorrupción. La Fiscalía remitió el 27 de diciembre su escrito de acusación al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que a inicios de ese mes decidió procesar a los exbanqueros. Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de 600 millones que fue subsanado con la aportación de 1.000 millones del Frob, antes de ser adjudicada a CaixaBank. Así, Anticorrupción señala que, al ofrecer la entidad (entonces cotizada) una imagen de solvencia, los accionistas mantuvieron la confianza, lo que produjo la pérdida casi íntegra de sus inversiones, no siendo posible conocer la situación real hasta que, el 7 de noviembre de 2011, la CNMV suspendió la cotización, "siendo esta fecha demasiado tarde" para que los accionistas pudiesen tomar una decisión.