La renovación de las líneas de autobús interurbanas ha tropezado con el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) por enésima vez desde que el Gobierno de Mariano Rajoy trató de relicitarlas. Los últimos pliegos elaborados por el Ministerio de Fomento en la primera mitad del año para licitar las concesiones caducadas fueron anulados por el TACRC el pasado mes de septiembre por utilizar de forma estricta la eficiencia energética, la seguridad y la calidad como criterios para adjudicar los contratos de explotación de la líneas. A su vez, el tribunal canceló los concursos publicados (Madrid-Toledo-Priedrahita y Valladolid-Soria-Zaragoza) porque la mesa de contratación se había arrogado el derecho de anular una oferta económica sin dar opción a la empresa licitadora a presentar una réplica o justificar las cifras. Así, el equipo de José Luis Ábalos se ha visto obligado a rehacer los pliegos en menos de dos meses para adaptarse a los criterios que exige el Tribunal y el pasado 21 de diciembre relicitó las dos rutas anuladas con un presupuesto de 60 millones en el caso del Madrid-Toledo y otro de 6,7 millones para el del norte de España. Las nuevas concesiones tienen un plazo de cinco y seis años, menos de lo que algunas rutas, como la que une Madrid-León y Gijón o la que va de Logroño a Madrid pasando por Soria, llevan caducadas (ver gráfico). En los nuevos pliegos, Fomento ha eliminado la obligación de las empresas de obtener certificados de la norma UNE EN ISO 22320 y 39001 en materia de seguridad y las ISO 22320 y 50001 en el de eficiencia energética. Así, ahora las compañías de autobús tendrán que plantear "medidas dirigidas a la optimización de la eficiencia energética del servicio" y "al incremento de las condiciones de seguridad" del mismo. En este punto, la empresa concesionaria se tendrá que someter a una auditoría externa de forma periódica para ver si cumple con "los compromisos ofertados". A su vez, el Ministerio ha elevado el peso de la oferta económica o evaluable con fórmulas a los 60 puntos, dando a la tarifa 40 puntos y al número de expediciones 20 puntos. A finales de 2018, el TACRC también anuló los pliegos y Fomento decidió eliminar los cuatro puntos que daba a las empresas por tener políticas de conciliación laboral y de igualdad en un sector dominado por los hombres. Y es que, los puntos se ganaban por los planes de toda la empresa y no de la concesión en concreto. La CNMC ya investiga "irregularidades" en el sistema concesional de las líneas de autobús. El foco del superregulador está puesto en estos concursos que han sido recurridos, anulados y modificados varias veces por falta de objetividad y transparencia. Por ejemplo, la propia CNMC abrió expedientes contra los últimos pliegos para licitar las rutas Madrid-Toledo-Piedrabuena y Valladolid-Soria-Zaragoza por "evitar la competencia efectiva en el mercado" y efectuó requerimientos para que se modificaran.