El acuerdo para formar una Coalición Progresista entre PSOE y Podemos, ha generado una profunda preocupación en el sector energético por algunas de las medidas anunciadas y alerta de que podría judicializarse. El documento presentado por los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, apenas detalla los grandes asuntos pero ya muestra algunos puntos, como la reforma del mercado mayorista de la electricidad, que están causando preocupación entre las compañías. Pese a ello, en los cuarteles generales de Endesa, Iberdrola o Naturgy, se confía en que las medidas previstas se enmarquen en la regulación europea existente y que se pueda negociar. Por lo tanto, la limitación a esa "sobrerretribución" de algunas tecnologías a las que aluden en el documento pero no citan estaría fuera de lugar ya que aseguran que cuentan con las auditorías que presentan cada año y en las que se muestran las cantidades pendientes de amortización de cada activo y recuerdan que quedan miles de millones por amortizar en las centrales nucleares e hidráulicas y que los mismos argumentos serían extensibles a todas las renovables.El acuerdo planteado propone, sin concretar, un Plan de Reforma del sistema eléctrico cuyo objetivo, al igual que ya define el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, favorezca la transición hacia la descarbonización y unos precios asequibles para el consumidor y las empresas con el objetivo de alcanzar la descarbonización en 2050 con un escenario en 2040 de hasta el 95 por ciento de renovables.Reforma del mercadoEl futuro Gobierno quiere impulsar una reforma del mercado eléctrico, de forma que la reducción progresiva del coste de las energías renovables se traslade al precio de la electricidad, y se garantice la rentabilidad adecuada y el crecimiento de las mismas. Para ello, proponen modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, estableciendo como criterio fundamental el coste de generación de cada tecnología y posibilitando la participación de entidades locales, ciudadanas o de cooperativas, lo que supondrá ir a un sistema de subastas muy similar al que se desarrolla en Portugal.El plan de gobernabilidad de PSOE y Podemos abre la puerta a revisar también los pagos por capacidad, de manera que se limiten a medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia, dando así respuesta a una demanda de las eléctricas para poder resolver la complicada situación de unas centrales de gas que aunque en algunos momentos en los próximos años incrementarán sus horas de funcionamiento, la previsión es que poco a poco se vayan reduciendo hasta el año 2030. Con esta medida, el futuro Gobierno trata de evitar una avalancha de peticiones de hibernación de centrales que podría llegarle al comenzar el año puesto que la normativa europea que las permite ya entra en vigor.PSOE y Podemos presentan también una medida polémica y de dudosa eficacia. Ambos partidos aspiran a modificar la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia; que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de la energía consumida, de forma que el coste a pagar por las personas consumidoras por los primeros Kw/h sea inferior a los siguientes, incentivando la eficiencia energética, una medida que ha puesto en alerta a las familias numerosas y que incluso podría ir en contra de un proceso de electrificación en las viviendas y frenar la sustitución de calderas de gas por eléctricas a corto plazo.Estatuto de electrointensivosLa Coalición quiere además tratar de hacer frente a la primera huelga, que ya tienen convocada para este enero por los sindicatos de las grandes compañías consumidoras de electricidad. Para ello, se comprometen a completar la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo, con el objetivo de potenciar la competitividad y la eficiencia de estas empresas.