Ya han pasado más de tres años desde que el Reino Unido dijera "basta" a la Unión Europea y todavía no se han decretado todos los cambios que formarán parte de esta nueva era. La prorrogación de fechas ha sido más que continuada y el Brexit sigue siendo un tema dominante de discusión entre los políticos que obligan a cuestiones cruciales como la educación superior a pasar por alto las brechas. La fecha límite para la retirada se sitúa ahora hasta el 31 de enero de 2020 y todavía se respira cierto clima de incertidumbre sobre si tendrá algún efecto sobre las aspiraciones académicas de los estudiantes internacionales dispuestos a estudiar en el Reino Unido. Hasta ahora hay una consecuencia clave que podría hacerse realidad: las tasas de matriculación podrían triplicarse para los estudiantes europeos.A pesar de este revuelo, las universidades y colegios británicos siguen generando un gran interés a nivel internacional. De hecho, el British Council calcula que hay alrededor de 13.000 universitarios españoles matriculados en centros ingleses. Este crecimiento ha aumentado durante el último lustro a un ritmo de un 10 por ciento anual. Entre las principales razones se encuentra que este tipo de educación es la más rentable en relación calidad-precio de los países anglosajones. Además, existe cierta flexibilidad en titulaciones sin rival en toda Europa y una alta empleabilidad entre sus egresados. Para todos aquellos alumnos que están estudiando en la actualidad en una universidad inglesa, van a poder seguir haciéndolo en las mismas condiciones hasta que finalicen los estudios, es decir, tanto el acceso como las tasas de matriculación y los préstamos universitarios se mantienen. No obstante, esta situación tiene fecha límite: hasta el 31 de diciembre de 2020. A partir de ese momento, no hay nada esclarecedor, pero se valoró la posibilidad de retirar el estatus de estudiante local y los apoyos económicos a los alumnos comunitarios cuando el Brexit se hiciera efectivo, lo que los igualaría a los estudiantes de otras partes del mundo, es decir, su matrícula podría verse triplicada. Esta situación puede hacer más difícil para los graduados internacionales obtener trabajos en el país debido a las fluctuaciones en las políticas de visas de trabajo. Es decir, a principios del pasado mes de septiembre se acordó que el recién egresados dispondría de dos años para encontrar empleo, si lo consiguiese obtendría un visado de residente por trabajo. Políticas de inmigraciónLas consecuencias no son del todo positivas, pero aún así, según un estudio reciente realizado por el consejo de GMAT, los estudiantes internacionales todavía están interesados en estudiar negocios en el Reino Unido. De hecho, se espera que el Brexit tenga un impacto positivo considerable en los estudiantes indios interesados en obtener una educación superior en el Reino Unido. En este sentido, con el Go-bierno británico revelando su ambicioso plan de inmigración, subrayando la necesidad de profesionales calificados en la economía del Reino Unido, la admisión de indios y otros inmigrantes de regiones que no pertenecen a la UE se beneficiará enormemente de tal demanda y políticas de inmigración favorables. Programas de intercambioEl principal cambio que puede sufrir este movimiento en materia educativa es el Erasmus+, ya que está regulado por la Unión Europea. En caso de un Brexit blando, es posible que el programa se alargue hasta el próximo curso 2020-2021. No obstante, quien forme parte del programa, no debe preocuparse. Una de las alternativas más comentadas por los especialistas sería que las universidades españolas se pongan de acuerdo con los centros ingleses para articular programas de intercambio universidad a universidad. En el caso de los investigadores, su situación es, si cabe, todavía más compleja. El Ministerio de Ciencia ha aclarado que un Brexit con acuerdo mantendría los derechos de residencia, trabajo, estudios y seguridad social siempre que se pueda acreditar la residencia a través del settled status. En cuanto a la situación de Horizonte 2020, un acuerdo de retirada permitiría que la UE siguiese financiando a las entidades inglesas que participen en él hasta su finalización. Sin embargo, si se da una salida sin acuerdo, Reino Unido sería un país tercero en dicho plan, por lo que la financiación dependería íntegramente del país inglés.