España se está quedando sin excusas, y sin tiempo, para realizar una reforma fiscal verde. Desde distintos organismos, tanto internacionales como nacionales, se ha puesto de manifiesto que la fiscalidad ambiental en España es inferior a los países de su entorno, y se ha instado a los distintos Gobiernos a cambiar esta situación. La solución no es fácil, pero las propuestas que han realizado distintos organismos ponen el foco en dos sectores: el transporte y una tasa al carbono. Según los últimos datos del Consejo General de Economistas, la presión fiscal ambiental, es decir, la recaudación por este tipo de tributos sobre el PIB, disminuyó en todas las zonas geográficas de la OCDE, siendo más elevada en los países europeos. En concreto, los impuestos ambientales en la Unión Europea representaban, de media, el 6,8 por ciento de los ingresos tributarios en 2002, porcentaje que cayó hasta el 6,1 por ciento en 2017. En el caso de España, ese año suponían el 5,4 por ciento. Dentro de la fotografía de la fiscalidad ambiental en España destaca el peso de los impuestos energéticos, que representan el 82,9 por ciento, mientras que los impuestos sobre el transporte solo representan el 12,7 por ciento de la tributación ambiental. Así, el impuesto de Hidrocarburos recaudó 13.516 millones de euros en 2017, lo que supone el 64 por ciento de los impuestos ambientales, y todo ello a pesar de contar con unos beneficios fiscales de 850 millones de euros. En el capítulo de impuestos sobre el transporte, el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) es el principal, representando el 88 por ciento de estos, con una recaudación 2.225 millones en 2017, pero solo es el 10,4 por ciento de la fiscalidad ambiental. Por último, los impuestos sobre la contaminación y los recursos solo suponen el 4,4 por ciento de la recaudación por tributos verdes. Reparto de competenciasEl Estado recauda el 82 por ciento de los impuestos ambientales, si bien "en algunos casos los ingresos se reparten a las autonomías", según señalan desde el Consejo General de Economistas, siendo el Impuesto sobre Hidrocarburos el principal, seguido del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y el impuesto sobre la electricidad. Las comunidades autónomas solo recaudan el 8 por ciento de los tributos verdes, la mayor parte relacionados con agua -con una recaudación de 1.309 millones de euros en 2017-, y a mucha distancia los impuestos que graven la extracción de recursos (163 millones de euros). Por su parte, los ayuntamientos recaudan el 12 por ciento de los tributos verdes, destacando el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. "España siempre ha tenido bajos niveles impositivos, pero sorprende la falta de actuación durante la gran recesión y la recuperación. Ha habido una intensa, pero poco efectiva y descoordinada, actuación autonómica", destaca Xavier Labandeira, profesor de la Universidad de Lugo y uno de los autores del informe de la Fundación Alternativas, Impuestos energético-ambientales en España: situación y propuestas eficientes y equitativas. De hecho, este informe propone, como principal medida a llevar a cabo, actuar sobre el sector transporte, tanto terrestre como aéreo, y poniendo especial énfasis en el primero. El informe plantea, por una parte, intensificar la actual tributación del diésel y la gasolina. En primer lugar, según el informe, habría que igualar los tipos impositivos de la gasolina y el diésel, lo que supondría aumentar la recaudación por el impuesto de hidrocarburos en 2.600 millones. Y, en segundo lugar, sería necesario incrementar estos impuestos hasta situarnos en los niveles de los países de nuestro entorno, lo que permitiría recaudar 10.000 millones más, a la vez que se reduciría de manera significativa el consumo de carburantes y las emisiones de CO2 asociadas -un 6,1 por ciento-. "En el largo plazo, estos impuestos no tendrán sentido, debido a los fuertes cambios que se están produciendo en el sector de la automoción, con más coches híbridos y eléctricos, coches compartidos, etc. Por eso, la fiscalidad tiene que ser sobre el uso de los vehículos", apunta Labandeira, por lo que recomienda un impuesto sobre el uso de vehículos basado en tecnologías de geolocalización, que, además, según destaca, "generaría beneficios adicionales, como mejoras en la seguridad, nuevos servicios de valor añadido -pago por infraestructuras utilizadas- o la creación de una gran base de datos anónimos sobre viajes que se podría utilizar para mejorar la planificación y operatividad del transporte". De hecho, el informe de la Fundación Alternativas propone que el impuesto sobre hidrocarburos debería ajustarse periódicamente en función de la inflación.