La inversión de más de 1.000 millones de euros en la ampliación norte del Puerto de Valencia por parte del gigante italo-suizo MSC está en estos momentos en el aire, pendiente de que el Gobierno de España exija o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para acometer la actuación que permitiría al recinto valenciano doblar su actual tráfico de contenedores.Tal escenario lo reconoció abiertamente este jueves el presidente de MSC en España, Francisco Lorente, tras reunirse con el alcalde de Valencia. Tanto el propio Joan Ribó como la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, ambos de Compromís, están haciendo fuerza para que el megaproyecto cuente con una Declaración de Impacto Ambiental actualizada, ya que la existente data del año 2007 y responde al proyecto de ampliación inicial. La iniciativa original contemplaba el muelle de carga en el lado opuesto, pero al considerar el Puerto de Valencia que la ampliación iba a nacer pequeña apostó por desarrollar un muelle más amplio pegado al nuevo dique de abrigo (lo que implica destruir un contradique recién construido).La Autoridad Portuaria de Valencia que preside Aurelio Martínez (nombrado a propuesta del PSPV) defiende que no es necesaria porque las modificaciones sobre el proyecto inicial están en el interior del perímetro de los diques de abrigo. Pero el departamento autonómico que controla Compromís insiste en que sí es pertinente y ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica que solicite al puerto una nueva DIA "de oficio".Ello, según afirmó Martínez este viernes, podría retrasar la ampliación "entre tres y cinco años", y es por esta razón que MSC no solo contempla retirar su inversión de 1.000 millones en la ampliación, sino también marcharse de la ciudad. La compañía, que en la actualidad tiene una terminal mucho más pequeña, quiere "poder concentrar todo el volumen de actividad en una sola terminal", y alerta de que, si no lo consigue, reducirá la actual a "usos domésticos y poco más".