Carlos Tavares, presidente mundial del grupo PSA y presidente de turno de Acea (asociación europea de fabricantes de automóvil), pidió ayer en el Salón de Fráncfort un mayor esfuerzo de las administraciones en inversiones públicas en infraestructura de recarga y ayudas a la compra de vehículos eléctricos para poder cumplir con éxito las exigencias de Bruselas en reducción de emisiones (95 g de CO2 por km).Igualmente, Tavares solicitó una revisión de la fiscalidad, pues las necesidades presupuestarias para invertir en puntos de recarga chocan con la caída de ingresos fiscales por el descenso de la venta de carburantes. Insistió en que la solución a una movilidad sostenible y eficiente medioambientalmente no solo afecta al sector de la automoción. "No hablamos ya de transporte, sino de movilidad", matizó. Y, por tanto, se debe plantear la estrategia de forma coordinada, incluyendo no solo el desarrollo de coches menos contaminantes, sino a la implantación de cargadores que afecta a las administraciones públicas, o el sector energético que debe garantizar que la generación tampoco es contaminante. Así, los máximos responsables de la industria europea del automóvil hacen una llamada urgente para que se apruebe desde la UE un plan exhaustivo capaz de transitar hacia una movilidad cero emisiones. "La industría europea en su conjunto está comprometida con una movilidad sin emisiones", remarcó Tavares, pero con medidas razonables. Los constructores critican que en esta responsabilidad compartida para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de Bruselas se constata que en el pasado año había en la UE menos de 145.000 puntos de recarga. "Aunque es tres veces más de lo que había hace cinco años, está todavía muy lejos de los al menos 2,8 millones de puntos que se requerirán en 2030". Algo más crítico se mostró el se-cretario general de Acea, Erik Jonnaert, al lamentar que en la nueva Comisión Europea haya comisarios para la Digitalización y la Descarbonización, y no de Movilidad o Transporte.