La Comisión Nacional de Mercados y Competencia volvió ayer a mostrar síntomas de división. Por un lado, el fondo GIP, uno de los mayores accionistas de Naturgy, se reunió con el presidente de la institución, José María Marín Quemada, para pedirle explicaciones por el fuerte recorte planteado a la retribución de la compañía, mientras que, por otro lado, la patronal del gas, Sedigás, se reunía con la Sala de regulación al completo.Naturgy, a través de su filial de distribución de gas Nedgia, ha sido la primera empresa en dar un golpe sobre la mesa y paralizar la inversión en distribución de gas hasta que se disponga de un análisis pormenorizado de la repercusión del recorte planteado por la CNMC.La decisión de la compañía que preside Francisco Reynés supone paralizar, al menos hasta acabar el año, una inversión del orden de 75 millones de euros y poner en revisión el futuro.Sedigás manifestó ayer a la vicepresidenta de la CNMC, María Fernández, y los cuatro consejeros que la componen la falta de análisis de detalle de las Circulares, así como del impacto y de las consecuencias económicas del recorte en retribución y transporte de gas.Sedigás también ha defendido que las razones en las que se fundamentan las Circulares no son coherentes, y que el impacto del recorte en la factura dista mucho de ser aplicable. Uno de los puntos abordados ha sido el procedimiento de elaboración de las Circulares, cuya revisión regulatoria hubiese requerido de un proceso pausado, ordenado y de escucha activa por parte de la CNMC para con los sectores implicados. Así, la poca o nula interacción con los agentes involucrados, tanto antes como después de la publicación de los borradores; la urgencia de la tramitación para un proceso que se inicia dentro de dos años y la escasez de plazos para recibir comentarios, son difícilmente justificables.El cambio retributivo no previsible también ha sido uno de los temas tratados, ya que el informe elaborado en 2017 "no es justificativo ni de la falta de transparencia ni de la cuantía y justificación del recorte". Sedigás afirma que el proceder que se ha seguido no es habitual dentro del ejercicio de transparencia que realizan otros reguladores, ya que esta figura debe medir los impactos de la regulación que dicta en función de los objetivos de la metodología de la regulación dictada. En este caso, esos objetivos serían: eficiencia de las empresas y evolución de costes en el sistema.Madrileña, alerta de riesgosPor otro lado, Madrileña Red de Gas ha mostrado también su desacuerdo con la propuesta de retribución planteada por la CNMC y advierte de una posible paralización de las inversiones. La compañía considera que la medida supondría una caída en la retribución de al menos un 32 por ciento para el sector e incluso mayor para algunas compañías.En opinión de la gasista este recorte producirá una parálisis del sector del gas, con la consecuente suspensión de inversión futura en crecimiento del sistema y con repercusiones relevantes en términos de generación de empleo y desarrollo económico.La parálisis del sector llevaría a una significativa destrucción de empleo tanto en el ámbito del gas como en sus proveedores e instaladores. De hecho, Conaif considera que las medidas van a causar 10.000 empleos perdidos, de forma directa e inmediata.En opinión de la empresa esta situación abrirá un largo periodo de complejos litigios legales, causados por una reducción en retribución imprevisible y sin precedentes en cuanto a su magnitud y un incremento de las emisiones.La compañía que preside Pedro Mielgo lamenta también el escaso plazo de alegaciones otorgado a las empresas, un tiempo que consideran insuficiente para debatir un modelo regulatorio completamente nuevo.El principal argumento utilizado para justificar la necesidad de introducir una nueva regulación es el alto precio del gas para el consumidor final, sin embargo, Madrileña Red de Gas explica que los costes de distribución de gas en España representan tan solo el 10 por ciento del coste total para los usuarios finales.España tiene hoy una de las retribuciones más bajas de Europa, con 175 euros por punto de suministro, frente a la media de la UE que está en 220 euros. Si se aplicase la Propuesta, la nueva retribución quedaría en 119 euros/ps, un 45 por ciento inferior a la media europea.