Economistas piden que la Ley de Segunda Oportunidad no se limite a los autónomos
- La Ley podría contribuir a disminuir la economía sumergida
El Consejo General de Economistas (CGE) ha pedido que la Ley de Segunda Oportunidad, que está elaborando el Gobierno, no se limite a autónomos, sino a todo tipo de empresarios y profesionales, independientemente de su forma jurídica o situación laboral, en especial las micropymes y pequeñas empresas.
Así consta en un informe sobre esta ley presentado por los presidentes del CGE, Valentín Pich, y del Registro de Expertos en Economía Forense (Refor), Leopoldo Pons, en el que considera positiva la iniciativa del Ejecutivo.
El borrador de la ley prevé, entre otras medidas, que los trabajadores autónomos dispondrán de tres años, si presentan concurso de acreedores, para abonar sus deudas e incluso podrán quedar exonerados definitivamente de su pago pasado ese tiempo si cumplen una serie de requisitos y el juez lo considera oportuno
El estudio del CGE se muestra a favor de todo esfuerzo por parte de los acreedores para hacer viables microempresas, "con la remisión de deudas que se encuentren en situación de insolvencia fortuita".
Asimismo, asegura que la ley podría contribuir a una mejora económica y a disminuir la economía sumergida.
Ampliar el alcance
También pide que la segunda oportunidad se amplíe a las personas físicas no empresarios para evitar la limitación que se produjo en la reforma de la Ley de Emprendedores, de forma que sólo pueden acudir a la mediación concursal las personas físicas que sean empresarios lo que deja a las personas físicas sin solución extraconcursal.
El informe destaca que esta solución en las pequeñas empresas, como la mediación concursal, no ha funcionado, por lo que solicita que el tipo de medidas introducidas para las medianas y grandes compañías también se aplique en la pequeñas.
Además, abogan por que se potencie la mediación concursal, que entró en vigor en 2014 pero que ha registrado un número muy reducido de casos, menos de 60.
El estudio señala que es fundamental que las administraciones públicas participen en la segunda oportunidad y ofrezcan quitas y esperas al mismo nivel que otros operadores y que se supriman sus privilegios como que estén al margen de la mediación concursal.
Otro aspecto que destaca el informe es la falta de regulación en avalistas, para los que piden que se amplíe la segunda oportunidad.