Podemos tampoco convence a pymes y autónomos: sus principales medidas

Un programa para las pymes, pero sin las pymes. Así se podría resumir el sentir del sector sobre la batería de medidas que este mes han presentado los economistas Vicenç Navarro y Juan Torres y que, supuestamente, iba a dar prioridad a la gran masa de trabajadores y pequeños empresarios que conforman nuestro país. Más noticias en el suplemento gratuito elEconomista Gestión Empresarial

Sin embargo, el colectivo formado por pymes, emprendedores y autónomos se siente "el gran olvidado" por un partido que iba a cambiar las cosas, dándoles prioridad por encima de la gran empresa, y augura una gran inestabilidad en el ámbito empresarial si la formación de Podemos llegase al poder.

Más allá de las dudas que puedan generar las ideas políticas y sociales defendidas por la formación de Pablo Iglesias, los representantes de autónomos y pymes ven grandes contradicciones en las medidas que proponen para su aplicación a la microeconomía. "El documento engloba el concepto de empresario y empresa sin tener en cuenta sus diferencias, no sólo por la dimensión, sino por la condición de éstas", explica Sebastián Reyna, secretario general de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, quien sentencia que "desconocer que las dos terceras partes de las empresas españolas son personas físicas, o que la mitad de las empresas del país no tienen asalariados a su cargo es partir de un mal diagnóstico de salida".

En la misma línea se posiciona Juan Merino, presidente de Ceaje, la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, para quien no sólo "el planteamiento no es viable, ya que su aplicación implicaría un desajuste macroeconómico que repercutiría a todos", sino que además "hay propuestas, como la prohibición de los despidos en empresas con beneficios, que se pueden considerar una intromisión en la política de la empresa y afecta negativamente y directamente a la competitividad de las mismas".

Acceso al crédito

Sin duda, una de las reformas más controvertidas ha sido la que propone el reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación como un servicio público esencial, algo que sin duda beneficiaría al pequeño empresario español. "El crédito concedido por los bancos en estos momentos es 336.696 millones de euros menor que el concedido de finales de 2007, y 171.953 millones también más bajo que a finales de 2010. Lo que significa que el dinero dedicado a salvar a los bancos no ha sido útil para recuperar la financiación sino más bien para todo lo contrario", rezan en su programa.

Y, aunque nadie pone en duda que el acceso al crédito es uno de los mayores problemas con lo que se encuentran las pymes de nuestro país,el enorme interrogante que surge al leerlo es quién pone el crédito y, sobre todo, en qué condiciones, algo a lo que parece todavía no han encontrado respuesta, o no la han compartido. "Entendemos que la única forma de garantizar un derecho al crédito es generando confianza en macro y microeconomía, pero con medidas desequilibrantes como estas, desde nuestra asociación no vemos que se aporten activos a esa confianza", razona Merino.

Más allá de incluirlo en la Constitución como un derecho, lo realmente urgente es, para Reyna, "adaptar los criterios de obtención de crédito a los actuales ratios de solvencia de la economía real, muy afectada negativamente por los efectos de la larga crisis". Al respecto también se pronuncia Pedro Aznar, profesor de Economía de Esade, para quien "la idea de favorecer el acceso al crédito es una buena medida en su origen, pero no es efectivo incluirlo en la Constitución, porque se trata de un principio general que no tendría un efecto directo, y que de hecho puede compararse con lo que la Constitución dice sobre el derecho a la vivienda o al empleo".

Medidas positivas

Aisladas de su contexto y de la realidad económica, hay ciertas medidas que se pueden entender como positivas, tal y como sucedía con el acceso al crédito. Así lo parece también, en una primera aproximación, la promoción del protagonismo de la pyme en la creación de empleo, que en realidad queda muy matizada al estudiar un programa que "corta la aspiración de crecer del propio empresario, si se tiene en cuenta que el empresario nace, en general, con aspiración para crecer cuantitativa y cualitativamente con miras a desarrollar más ampliamente su actividad, y por lo tanto faltarían propuestas enfocadas a ello, y no bajo", asegura Merino.

Más positiva es, de acuerdo con Aznar, la eliminación en el IRPF de la estimación objetiva. "Los inspectores de Hacienda y los expertos tributarios coinciden en que este sistema es poco equitativo, no atiende al principio de capacidad de pago de cada uno y además ha servido entre otros aspectos para el blanqueo de dinero". Por ello, su eliminación tiene sentido, "porque la estimación directa de las rentas es la forma más equitativa de gravarlas", añade.

Sea como fuere, y pese a esta última medida, la conclusión general es que el programa de Pablo Iglesias se queda muy corto en lo que a medidas para potenciar la economía real y favorecer a pymes, emprendedores y autónomos se refiere.

Las principales medidas que propone Podemos y que afectan a las pymes y los autónomos son las siguientes:

Crédito como servicio público

Una de las medidas más controvertidas del programa presentado por sus dos autores este mes es la que popone el "reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación como un servicio público esencial", por lo que se garantizaría el acceso a dicho crédito.

Más a la pyme, y menos a la grande

La formación de Iglesias habla también de imponer políticas para que "la gran empresa respete normas elementales de responsabilidad y competencia y no impongan su poder de mercado al tejido empresarial, que realmente es el que crea más empleo y cohesión social".

Reforma del Instituto de Crédito

La batería de medidas de Podemos incluye como otra de sus normas 'estrella' la reforma del Instituto de Crédito Oficial para que reciba préstamos provenientes del Banco Central Europeo "en las mismas condiciones que la banca privada, y así asegurar que la financiación llegue a pymes y familias".

Más impuestos a la gran empresa

En cuanto al impuesto de sociedades, desde Podemos apuestan por "elevar el tipo real para las mayores empresas del país, con beneficios superiores al millón de euros", lo que elevaría lo recaudado por el Estado en unos 14.000 millones. Prometen que así se reduciría "en diez puntos la economía sumergida y se lucharía contra el fraude fiscal en grandes empresas, con unimpuesto sobre operaciones financieras".

Jornadas de 35 horas semanales

La formación de Iglesias quiere instaurar para todas las empresas la "ley de las 35 horas de jornada semanal máxima, con cómputo semanal y eliminación de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a jornadas largas que frenan la productividad".

Aumento del salario mínimo

Asimismo, proponen un "incremento del salario mínimo interprofesional, además de un establecimiento de máximos en la diferencia entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es actualmente de 127 a 1" -pero no especifican qué límite diferencial se establecería-.

Límite a la contratación temporal

Vicenç Navarro y Juan Torres López proponen "eliminar los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntario y evitar la feminización de los contratos a tiempo parcial' para evitar 'que los puestos de trabajo a tiempo completo e indefinidos se transformen en temporales".

Subsector financiero

Dentro del apartado para fomentar el aumento de la inversión empresarial sostenible, el partido propone la "promoción y puesta en marcha de un subsector financiero especializado en el crédito al emprendimiento y apertura de nuevos yacimientos de inversión".

Revisión de las bases de cotización

Otra de las medidas que proponen es la "reconfiguración de las bases del IRPF tanto para trabajadores por cuenta propia como para asalariados". Busca "revisar la bases mínimas y máximas de cotización para garantizar que el sistema sea progresivo y aumentar la cotización en regímenes especiales", además de la "cotización por ingresos reales en el caso de autónomos y por cuenta propia".