¿Cuánto le cuesta a una pyme despedir a un empleado en 2014?

La coyuntura económica ha propiciado que la reforma laboral tenga un impacto drástico en las decisiones de personal de las empresas. En este contexto, las pymes son la que más se lo piensan a la hora de incorporar a alguien a su plantilla, no sólo por el coste de contratarle, sino por el coste que asumirán al tener que prescindir del asalariado en el caso de que no alcancen sus objetivos de crecimiento.

El cambio principal que introdujo el Gobierno en 2014 afecta a las pequeñas empresas, aquellas de menos de 25 trabajadores -el 96% del total- que han visto cómo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) dejaba de pagar las indemnizaciones indirectas correspondientes a ocho de los 20 días de indemnización por despido.

A causa de esta medida, los costes de indemnización para las pequeñas empresas se han incrementado en un 67%, según afirma la Federación de Empresarios de Madrid.

Voz de alarma

Como consecuencia, las asociaciones empresariales que defienden los intereses de las pequeñas empresas levantaron la voz de alarma al iniciarse el 2014. Cepyme considera que esta medida supone la supresión "de otro de los mecanismos de solidaridad pactados entre los agentes económicos y sociales", y sancionado por el Parlamento tras la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. La medida, según denunció Cepyme, provocará un perjuicio en términos de competitividad muy superior al ahorro que pudiera representar, "justamente en unos momentos en los que las pymes deben desempeñar un papel esencial en el proceso de recuperación de la economía".

La patronal recordó que el Fogasa financió durante los dos últimos años a casi 200.000 trabajadores de 110.000 pymes con una aportación de unos 300 millones anuales.

Lo cierto es que son pocas las empresas que valoran la cobertura que otorga el Fogasa, aunque obligatoriamente todas tienen que cumplir con un 0,2% de su masa salarial. Sonia Rivera, directora de Recursos Humanos de Pool, una agencia de publicidad de 75 empleados, aseguró en declaraciones a elEconomista que no ha recurrido al Fondo en 13 años al frente del departamento de la empresa. "Depende de un magistrado del juzgado de lo Social y nada garantiza que el proceso acabe con una resolución favorable para la empresa" aseguró, Rivera.

Despidos facilitados

Con la reforma laboral, señaló esta profesional, los despidos objetivos se han facilitado, por lo que las empresas que pagan el total de improcedencia son pocas. Existen cuatro criterios para poder despedir por causas objetivas, lo que reduce la indemnización a 20 días: causas económicas -3 meses seguidos de perdidas en la empresa-, organizativas -una reestructuración permite que un equipo cumpla más funciones- productivas -una bajada en el número de bienes o servicios producidos- y técnicas -por ejemplo, avances que permiten que algunos trabajos sean desarrollados por máquinas o sistemas informáticos-.

Según el criterio de Rivera, la reforma laboral está creando empleo precario, ya que sobre todo las grandes empresas se pueden beneficiar de la situación legal actual para contratar en peores condiciones a pesar de tener las cuentas saneadas.

La directora de Recursos Humanos de Pool considera que los tipos de contratos actuales no permiten muchas facilidades a las medianas empresas. Para Rivera, es necesario un contrato que se sitúe entre la atemporalidad del indefinido y la precariedad del temporal, ya que la situación de muchas empresas imposibilita la contratación indefinida.

Al observar la comparativa entre las indemnizaciones sobre contratos indefinidos acordados antes y después de la reforma laboral, la reducción de los costes para las empresas es sustancial. Actualmente, un despido improcedente para una nómina de 1.200 euros al mes de dos años de antigüedad -posterior a la entrada en vigor de la reforma- ascendería a 2.640 euros; en el caso de una indemnización en los mismos términos de cuatro años de antigüedad -la mitad de la indemnización responde a criterios anteriores a las reforma-, el monto total ascendería a 6.240 euros.

En definitiva, despedir en el nuevo año que comienza para las pymes que podrían haber hecho uso del Fogasa, las que peor lo están pasando, sale más caro, a pesar de que los contratos posteriores a la reforma laboral reducen el coste del despido drásticamente.