Alzas fiscales de efecto inmediato

El Plan de Estabilidad remitido el martes a Bruselas por el Gobierno estima un aumento de la presión fiscal en España de más de dos puntos hasta 2022. No todas las posibles alzas de impuestos que el Ejecutivo podría aplicar contribuirían en igual medida a ese avance.

Gravámenes de nueva creación, como la tasa Google o el impuesto de transacciones financieras, tardarían en estar en vigor, ya que exigen su propia tramitación parlamentaria, de meses de duración, ajena a los Presupuestos. Además, no pueden tener carácter retroactivo. Muy diferente es la situación que crean posibles cambios en el IRPF y Sociedades.

Las modificaciones en estas figuras sí que pueden tener un efecto arrastre sobre el conjunto de un ejercicio fiscal ya pasado. Poco importa que, en el conjunto de 2019, un trabajador no vea alteradas las retenciones de su nómina. Como la fecha de devengo del IRPF se establece a futuro (en este caso 2020) basta con aplicar entonces la subida para que tenga efectos sobre todo 2019, y se compensen las declaraciones insuficientes que se establecieron en los meses pasados.

Una aplicación retroactiva en el IRPF y Sociedades lastrará el consumo y los planes de inversión de las empresas 

Lo mismo pasa con Sociedades para las empresas. Así ocurrió con la última, y polémica, modificación de este tributo, relativa a los pagos adelantados que deben hacer las firmas, impulsado por el Gobierno del PP. Por tanto, el solo hecho de que se barajen este tipo de subidas que el Ejecutivo necesita para generar una recaudación adicional de 5.654 millones tiene efectos muy rápidos en los ahorradores a la hora de definir sus más cercanos planes de inversión y de consumo.

La perspectiva de un devengo fiscal más alto en los impuestos directos lastrará necesariamente sus más inmediatas decisiones y eso provocará perjuicios en un PIB ya en desaceleración.