La regla de gasto debe cumplirse

El aumento del gasto en las autonomías gobernadas por el PSOE o por partidos nacionalistas fue, en promedio, del 8 por ciento en 2018. En otras palabras, todos estos territorios rebasaron con creces el límite del 2,4% establecido en la llamada regla de gasto.

Esta última es la disposición legal que pone límites al crecimiento del desembolso de las Administraciones, para armonizarlo con las previsiones de crecimiento del PIB a medio plazo. El año pasado fueron varios los partidos que cuestionaron el cumplimiento de esta regla; incluso el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a flexibilizarla.

Sin embargo, la necesidad de ajustarse a la senda de reducción del déficit ya aprobada por el PP, del 1,3%, impidió que se diera ese paso. Por tanto, nada justifica el modo en que la mayoría de las autonomías ha ignorado esta disposición legal. Es más, la regla de gasto está plenamente integrada en las normas de gobernanza europeas, creadas para garantizar la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros.

Su transgresión, por tanto, no solo puede dar lugar a sanciones. Además, resulta temeraria en un momento en el que el alza del gasto público vuelve a acercar el déficit de las Administraciones al límite del 3% que Bruselas demanda y la economía desacelera.

El incumplimiento de los Gobiernos autonómicos resulta todavía más condenable, en la medida en que todo apunta a que su único móvil es electoralista. No en vano, muchos de ellos estaban inmersos en la preparación de los comicios del próximo mayo. La estabilidad de las cuentas públicas debe estar por encima de los intereses partidistas. Y, para ello, tiene que exigirse que la regla de gasto vuelva a ser respetada.