Más gasto público sin hacer ajustes

Fomento planea quitar los peajes de las autopistas cuya concesión termina entre este año y 2021. Se trata de una medida de alcance político, dado que entre ellas hay varias que recorren Cataluña y son bien conocidas las protestas de los partidos nacionalistas sobre la discriminación que sufre el territorio catalán frente al resto de España, donde predomina la gratuidad en las autopistas.

Ahora bien, el efecto económico para el Estado de la liberación de peajes es igualmente de gran cuantía, 1.000 millones según estima el sector. Pese a la magnitud de la cifra, Moncloa no explica cómo piensa compensar ese impacto. Existen recursos como la implantación de la euroviñeta (la tasa europea al tráfico pesado) o la adopción del modelo de gestión de las carreteras lusas o alemanas (donde la mayoría de ellas son de peaje acompañadas por un amplio repertorio de bonificaciones para residentes).

Pero la indefinición del Ejecutivo vuelve a repetirse, como cuando anunció decisiones como recuperar la cobertura sanitaria universal o eliminar el copago. De hecho, quince días han bastado para allanar el camino a un cuantioso aumento del gasto público, que ya asciende a cerca de 2.500 millones. Resulta preocupante esta evolución, en la medida en que son desembolsos que se consolidarán en los presupuestos futuros y que sientan precedente (en el caso de las autopistas, para las numerosas vías cuya concesión vence más allá de 2021).

Pero el problema aún es mayor si se considera que el Gobierno no plantea ninguna contrapartida, en forma de ajustes de otros capítulos de gasto, para hacer sostenibles estas nuevas políticas en años como 2019, cuando la UE exige un nuevo ajuste de 7.500 millones. Su única respuesta parece ser las alzas de impuestos.