Coste insostenible de la renta básica

El Congreso está ya tramitando la proposición de ley que establece una renta mínima de 426 euros destinada a familias sin recursos. El futuro de esta iniciativa se presenta complicado. Aun cuando el Gobierno no ejerciera su legítimo derecho a vetar toda medida que afecte a sus decisiones de gasto, lo cierto es que se trata de una norma muy compleja. Puede invadir competencias autonómicas y sus detalles han generado discrepancias, incluso entre sus partidarios (todo el arco parlamentario menos PP y Ciudadanos).

Con todo, pese al probable corto recorrido de la proposición de ley, deben analizarse los efectos potenciales de estos subsidios, ahora que ciertos sectores políticos e intelectuales los presentan como imprescindibles, en un futuro en el que la tecnología puede eliminar miles de puestos de trabajo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) expresó ayer una de las certezas que ya cabe extraer de las rentas básicas.

Un desembolso anual extra de 15.000 millones no es compatible con el estado de unas finanzas públicas como las españolas, que aún arrojan un déficit estructural del 2% y cuyo nivel de deuda roza el 100% del PIB. Pero igualmente alto puede ser el coste que este tipo de subsidios tendría para el mercado laboral español, todavía en recuperación. No solo existe el riesgo de que la búsqueda activa de empleo se desincentive.

Además, es probable que se fomente el fraude que consiste en combinar la percepción de la ayuda con el desempeño de un trabajo no declarado. Por tanto, en la situación actual de la economía española, las rentas básicas implican unos riesgos y unas exigencias de gasto público que las hacen insostenibles.