Puigdemont busca la confrontación

El operativo desplegado ayer por la Guardia Civil contra la celebración del referéndum que llevó a la detención de varios altos cargos del Govern se realizó por orden judicial. En concreto, por dos denuncias particulares, una de una de ellas del partido Vox, contra el exsenador de ERC Santi Vidal por sus declaraciones sobre que el Govern poseía de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.

Bajo esta premisa, las declaraciones de Carles Puigdemont de que el Estado "ha ultrapasado la línea roja que lo separa de los gobiernos represivos" están fuera de lugar. Los registros y detenciones fueron ordenados por un juez, no por un político, y en España existe separación de poderes. La única realidad es que la actuación supone otro duro golpe para el referéndum.

Además, llega acompañada de la decisión de Cristóbal Montoro de mantener el control de las cuentas de la Generalitat, aunque Junqueras rectifica y vuelva a rendir con Hacienda. Una acción comprensible para evitar el 1-O, pero que no es sostenible con posterioridad. Con todo, el Gobierno acierta al mostrarse firme y no dejarse engañar por gestos que puedan entenderse como que el Govern regresa a la legalidad. Tanto las declaraciones de Puigdemont, como las estratagemas de Junqueras buscan elevar la presión y llevar el conflicto a la calle.

¿Objetivo? Impulsar unas elecciones autonómicas, en las que ERC parte con ventaja. Nadie discute que una vez frenado el referéndum, es necesario buscar una solución. Pero hasta entonces el Gobierno hace lo adecuado. Las declaraciones del presidente Mariano Rajoy asegurando que no cederá y exigiendo a la Generalitat que vuelva a la ley son el camino a seguir para evitar que el independentismo siga lastrando la economía y la bolsa.