La adecuada firmeza de Hacienda

Desde hoy todos los movimientos y cuentas en manos del Govern quedan bajo supervisión de Hacienda para evitar que la Generalitat destine dinero público para financiar el referéndum del 1-O. La medida obliga a los bancos a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Sepblac cualquier pago, transferencia o movimiento que pueda tener relación con la consulta ilegal.

Además, abarca a todo el presupuesto de gasto de la Generalitat, lo que prácticamente deja sin competencias financieras a los responsables autonómicos. Montoro recurre así al llamado 155 económico para garantizar que no se financie el referéndum.

Sin duda, estamos ante una medida extrema que el Ejecutivo toma ante la continua desobediencia de la Generalitat, que aún ayer no había facilitado al Ministerio la lista de funcionarios a los que hay que abonar nóminas. Resulta lamentable que el empecinamiento de los miembros del Govern pueda impedir que sus propios empleados públicos reciban sus salarios.

También resulta inadmisible que la misma tozudez pueda generar graves inconvenientes a los catalanes, que se pueden ver privados temporalmente de ayudas sociales o de otro tipo para su quehacer diario. Las acciones que está provocando el pulso soberanista de Puigdemont son inconcebibles, sobre todo teniendo en cuenta que ningún sondeo da mayoría a sus postulados, lo que demuestra que el presidente de la Generalitat se toma la ley por su mano sin importarle perjudicar a la mayoría de los ciudadanos.

Mientras eso ocurre, Hacienda cumple con su misión de mostrarse firme con Cataluña para evitar que el dinero de todos los catalanes acabe financiando una consulta ilegal y partidista.