Dudas sobre el concurso del AVE

El macroconcurso que Renfe licitó el pasado diciembre, con objeto de adquirir 30 nuevos trenes AVE y adjudicar su mantenimiento durante (como mínimo) 30 años, ha entrado en una nueva e incierta fase, tras la paralización en la que lo ha sumido el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC).

En primer lugar, los cambios se derivan del hecho de que el organismo dependiente de Hacienda impugna el apartado que primaba la circunstancia de que los trenes se fabricaran en España. La reacción del TARC supone un respaldo a la posición que hizo valer Bombardier, ya que consideraba que esa cláusula implicaba un trato de favor hacia algunos de sus competidores. Sin embargo, las nuevas condiciones no suponen a priori un beneficio sólo para la marca canadiense.

También está al alcance de las demás empresas beneficiarse de posibles reducciones de costes fabricando fuera de nuestras fronteras sin verse por ello penalizadas. Así, el cambio más importante derivado de la decisión del TARC estriba en la alteración de calendario que sufre todo el proceso, al tener que comenzar desde cero. Las nuevas ofertas necesitarán, como mínimo, dos meses para volver a presentarse.

No puede extrañar, por tanto, que en Renfe den por hecho que la adjudicación quedará ya en manos del Gobierno que saldrá de las elecciones del 26 de junio. El macroconcurso resulta clave para que la compañía impulse la modernización del servicio y afronte las exigencias de la privatización parcial de este sector. Por tanto, resulta decepcionante que el futuro de estos proyectos pueda quedar en manos de un Ejecutivo débil, sin fuerza para hacer frente a las presiones y conducir la negociación con objeto de promover los cambios necesarios que abren camino a la competencia.