Editorial: Mínimo ajuste del empleo público

El sector público no ha sufrido durante esta crisis un recorte del empleo tan intenso como se dice desde la propia Administración. La Encuesta de Población Activa muestra que el sector público sólo perdió 2,5 puestos de trabajo por cada 100 que se destruyeron en la crisis. Entre 2007 y 2013 desaparecieron 136.400 empleos públicos.

Si las cifras oficiales hablan de una mayor destrucción de empleo público es porque incluyen muchos eventuales que, como en el caso de la enseñanza, no formaban parte de la plantilla que no se ha tocado. Es indudable que el esfuerzo del sector privado ha sido mayor y que los ajustes en el sector público se han hecho con brocha gruesa pero sin efectividad.

Lo más preocupante es que Gobierno, CCAA y municipios ya dan por cerrado el ajuste, cuando a todas luces la tarea no ha concluido. Desgraciadamente los intereses electorales se anteponen, una vez más, a la necesidad de tener unas Administraciones Públicas más modernas y eficientes. El Gobierno hace oídos sordos a las advertencias de la OCDE y del FMI de que es preciso concluir esa modernización, sobre todo cuando la recuperación es muy débil y seguimos cuestionados por un nivel de déficit y de deuda que representan una losa para el futuro.

No es cierto que el tamaño de nuestro sector público sea más pequeño que el de países de nuestro entorno. Representa el 13,1% de la fuerza laboral del país en comparación con el 10,6% de Alemania. Estas cifras indican que el ajuste del empleo público ha sido mínimo; no se ha abordado el meollo de la cuestión, que es la eficiencia, y que para ser más competitivos España necesita una población laboral que aspire más al emprendimiento que a la burocracia. De esto ni se ha hablado.