Editorial: Tirón de orejas por las renovables

Llevar a cabo medidas retroactivas genera inseguridad jurídica. Un factor que se debe tener en cuenta a la hora de legislar para evitar demandas de los afectados y para no ahuyentar a los inversores. La Comisión Europea ha amonestado a España por los duros recortes "retroactivos" aplicados a las renovables, así como por las trabas impuestas a la inversión privada para impulsar esta tecnología.

No significa que Bruselas considere que el Gobierno debe desistir del objetivo que impulsó la reforma energética: reducir el déficit público, y por ende, el déficit de tarifa. Aspectos en los que la UE se ha mostrado contundente. Las críticas de la Comisión Europea van destinadas a la retroactividad de la reforma española, que pone en peligro la inversión y crea situaciones de inseguridad para las empresas que ya se habían lanzado a trabajar en este campo.

Es necesario eliminar el déficit de tarifa y ello exige un cambio profundo del modelo energético y acabar con las subvenciones, pero las reformas se deben aplicar a futuro y con la seguridad de que no se conculcan derechos adquiridos por una legislación anterior. En el caso de las renovables, Bruselas considera que el nuevo esquema aplica la retroactividad en grado máximo porque afecta a situaciones consumadas sobre periodos ya transcurridos. Esto puede conllevar un coste añadido al déficit que se pretendía reducir. Por una parte, las compensaciones que puedan aparejar las demandas de las empresas afectadas. Por otra, las posibles sanciones que pueda establecer el Ejecutivo comunitario contra España. Unas repercusiones cuyo coste el Gobierno debería haber valorado previamente.