Editorial: Subvenciones que encubren fraude

El fraude en los cursos de formación que imparten patronal y sindicatos se ha convertido en una práctica común que se extiende por toda España. Un juzgado investiga los cursos de la patronal madrileña CEIM y sospecha que el engaño podría ascender a 15 millones de euros, prácticamente el doble de lo descubierto en un fraude similar atribuido a UGT de Andalucía.

De momento, la Comunidad de Madrid reclama a CEIM que le devuelva 4,4 millones de euros. Pero el escándalo no concluye. El Ministerio de Empleo investiga otros diez cursos más presuntamente organizados por el mismo empresario cordobés, José Luis Aneri, que también pudo ejecutar el fraude destapado en la patronal madrileña.

La policía debe investigar a fondo esta piratería organizada a costa del dinero de los contribuyentes para montar cursos imaginarios, con alumnos inexistentes, cuyo único objetivo es enriquecer los bolsillos de algunos avispados. Además, desde hace años se sospecha y, ocasionalmente, se comprueba, que muchos cursos de formación son una pantalla para el fraude. Sólo con la supresión o la apertura a la competencia del dinero destinado a este fin se puede acabar con la corrupción que genera.

Las organizaciones empresariales y los sindicatos deben financiarse con el dinero de sus socios y afiliados. Para limpiar su imagen no les queda otro remedio que hacer un striptease total de sus cuentas. También las Administraciones deben ser más exigentes con las subvenciones que reparten, sopena de resultar sospechosas de mirar para otro lado a cambio de apoyo a sus políticas. Alardear de transparencia no sirve de nada, si luego no se practica, se evita rendir cuentas y no se investigan a fondo los casos de fraude.