Editorial: Hay que reformar el Tribunal de Cuentas

Ofertar a la baja y posteriormente elevar el precio del contrato adjudicado por la Seguridad Social, sin superar el 20% de su valor global para que no pueda ser anulado. Ese es el modus operandi que han empleado el 76,5% de las empresas para justificar sus sobrecostes durante el periodo socialista 2006-2009. Casi 60 millones que han volado de las arcas públicas sin el menor control, según denuncia el Tribunal de Cuentas, incapaz de investigar y sancionar porque la ley no le concede esas facultades. El órgano fiscalizador es lento, ineficaz y se encuentra politizado porque depende de los partidos mayoritarios. Urge su reestructuración aprovechando el Plan de Regeneración Democrática prometido por Mariano Rajoy en el Senado.