Editorial: Residencia por vivienda

Tras año y medio de correcciones y consultas entre distintos ministerios, el Gobierno ha concluido un proyecto para dar salida al stock de vivienda en la costa española. El objetivo es atraer la inversión de fondos inmobiliarios de Rusia, China y EEUU, interesados por las condiciones ventajosas que ofrece el mercado tras la caída de los precios. Para ello, al igual que se hace en la mayoría de los estados de la UE, se facilita el permiso de residencia a los futuros compradores y su familias. Este documento les evita tener que solicitar cada tres meses un visado para cada uno de los miembros de la familia. Irlanda y, sobre todo Portugal, están realizando esta experiencia con bastante éxito, que en España se ha demorado por un error de cálculo del Gobierno.

En los borradores iniciales, en un intento de competir con los países limítrofes, se estableció un tope demasiado bajo de la propiedad -160.000 euros- para obtener el permiso de residencia. Esta decisión alimentaba las críticas de quienes consideran que se trata de poner precio al permiso de residencia. No es así, pero si el objetivo es atraer inversiones conviene calibrar mejor la cualidad y calidad de las mismas. Ahora se eleva a un mínimo de 500.000 euros la cuantía de la inversión en una propiedad inmobiliaria.

Además, también se concederá la residencia para inversiones que creen empleo (dos puestos de trabajo) con un umbral mínimo de un millón de euros o medio millón si la inversión se mantiene al menos un año. El Gobierno debe acelerar este proyecto de ley que asegura ingresos adicionales, no sólo para el sector inmobiliario, sino para las haciendas local, autonómica y estatal, además de suponer un refuerzo para el turismo.