Editorial: El peligro de regionalizar pensiones

Madrid, Baleares y Canarias son las tres únicas autonomías que, en una hipotética división autonómica de la Seguridad Social, podrían pagar sin problema las pensiones. Son las únicas con balance positivo entre cotizaciones y prestaciones. Territorializar el sistema de pensiones es un debate que siempre surge al calor de reclamaciones soberanistas, que en estos momentos parecen acalladas por las dificultades presupuestarias. ¿Es posible contemplar desde una perspectiva autonómica la distribución de derechos que son individuales? Esta es la cuestión clave.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son impuestos que los ciudadanos pagan por vivir en un determinado territorio. Se trata de aportaciones de cada trabajador y su empresa que generan prestaciones individuales al cumplir unos determinados requisitos. Un trabajador puede desarrollar su vida laboral y cotizar en distintos puntos de la geografía española y finalmente retirarse a su lugar de origen, diferente de los anteriores donde recibe su pensión.

El mayor número de cotizaciones en una autonomía viene determinado por su estructura, dinamismo económico, edad, concentración o dispersión de la población y otros factores socioeconómicos. La Seguridad Social utiliza el criterio territorial sólo a efectos de gestión y control de ingresos y gastos, porque trabaja con el concepto de caja única para toda España. En estos momentos en que la crisis golpea las arcas del sistema, los datos muestran que unas pensiones territorializadas agravarían aún más los problemas de algunas CCAA, que tendrían dificultades para pagarlas. El análisis territorial es un aviso a navegantes sobre el descalabro que supondría romper la unidad de caja de la Seguridad Social.