Editorial: Diputaciones clientelistas

La reforma local es una oportunidad única para suprimir las diputaciones provinciales que el Gobierno no parece dispuesto a aprovechar. Un grave error. Ciertamente, su supresión implicaría un cambio constitucional o, si se quiere sortear este obstáculo, la posibilidad de convertirlas en meros órganos consultivos. ¿Tiene sentido mantener estas instituciones, creadas hace casi 200 años, que sólo son un vehículo de clientelismo de los partidos y una agencia de colocación de personas afines?

Un dato es muestra suficiente: las diputaciones gastaron entre el 32 y el 40% de su presupuesto -5.963 millones en 2011- en personal. Esto da cabida, además de al exceso de plantilla, a sueldos elevados, por encima del presidente y los ministros del Gobierno. Tal es el caso del presidente de la Diputación de Barcelona, que cobra 128.521 euros al año.

Al carácter de refugio laboral de allegados, se añade que son instituciones poco transparentes y a las que los ciudadanos no ven utilidad porque duplican funciones de otras administraciones. ¿Por qué se muestra el PP tan remiso a la supresión de las diputaciones? Por el gran poder territorial que generan para los gobernantes, al repartir arbitrariamente sus fondos entre los municipios, con los que genera una relación clientelista.

Ésta es la raíz de la superviviencia de instituciones obsoletas, generadoras de gasto, que muestran la resistencia de la clase política a profundizar en las reformas que le afectan directamente. Rajoy no puede perder esta oportunidad de eliminar los problemas que encarecen el gasto y restan efectividad a la Administración local. Hay demasiada desafección en la ciudadanía como para defraudar, no dar ejemplo y retrasar por mor de presiones partidistas la recuperación.