Editorial: Intervención frente a rebeldía

El presidente andaluz justificó ayer su negativa a aceptar los límites de déficit y deuda aprobados por el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera (CPFF) recurriendo a otro argumento de corte populista y dirigido a recabar el respaldo de la ciudadanía, siguiendo la senda marcada por Cataluña. José Antonio Griñán adujo que si lleva a cabo los recortes fijados por Hacienda, se verá obligado a cerrar colegios, hospitales y despedir a 60.000 trabajadores. Un mensaje envenenado que fue jaleado de forma irresponsable por el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Partiendo del distinto techo de deuda que mantienen las comunidades, el presidente andaluz obvia los insuficientes ajustes llevados a cabo hasta la fecha en la administración autonómica y en la propia estructura política de la Junta de Andalucía, que podrían facilitarle una parte sustancial de los 2.700 millones que necesita para cuadrar sus cuentas.

En todo caso y frente a sus endebles argumentos, Griñán tiene la opción de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), sin imposiciones añadidas, y solucionar sus problemas de liquidez. El riesgo inmediato al desafío lanzado por Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias afecta a proveedores y empresas, que tras haber cobrado recientemente deudas por valor de 27.000 millones gracias a los recursos aportados por el ICO, se pueden volver a ver abocados a un nuevo estrangulamiento financiero y a la destrucción de empleo por la incapacidad de las regiones de asumir sus compromisos. Si la rebelión de estas cuatro comunidades persiste, el Gobierno debería mostrar su firmeza, cortar el grifo financiero y preparar sin más dilación el mecanismo de intervención.