Editorial: Demasiadas dudas como para que se restablezca ya la calma
El sistema financiero español necesita un máximo de 62.000 millones, poco más de la mitad de las ayudas que ofrece la Comisión Europea. Ésta es la conclusión a la que han llegado las dos consultoras contratadas por el Gobierno de España, Roland Berger y Oliver Wyman. Esta cuantía se precisaría en el peor escenario posible. Es decir, en el supuesto de que el PIB cayera un 6%, situación que sólo tiene un 1% de probabilidades de producirse. Demasiados meses de incertidumbre para concluir que la situación era perfectamente abordable.
Para este viaje no eran necesarias tantas alforjas -estaba en los cálculos del propio Banco de España y del FMI-, pero la nacionalización de Bankia y los 19.000 millones que calcularon para su saneamiento hicieron saltar todas las alarmas dentro y fuera de España. Si una sola entidad necesitaba tal cuantía, qué sucedería con el resto del sistema. Habrá que esperar a septiembre, cuando se haya completado la estimación de lo que necesita cada entidad y se sepa el monto real de la ayuda, para ver cuánto de exagerado había en Bankia. El daño ya está hecho y ha aumentado en dos millones de euros la factura -es lo que han cobrado las dos consultoras por su trabajo- del saneamiento del sistema financiero.
La pregunta que ahora se plantea es si después de conocer la cifra se termina la incertidumbre. Es importante saber lo máximo que podemos necesitar antes de solicitar formalmente la ayuda a la UE para establecer el marco en el que nos movemos y afianzar nuestra credibilidad. Pero que nadie se llame a engaño, los nervios no se aplacarán hasta que se hayan despejado todas las incógnitas, y en este momento siguen siendo muchas. Preocupa a los mercados conocer quién financiará la operación y quién tendría prioridad en el cobro en caso de impago. Temen que el préstamo se instrumente a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM, por sus siglas en inglés), porque en ese caso el prestamista tiene derecho preferente. Si los inversores intuyen que pueden tener más dificultades para cobrar, seguirán exigiendo unos intereses altos para arriesgar su dinero, y eso se traduce en una prima de riesgo elevada. Además, hay inquietud en los bancos españoles, que urgen al Ejecutivo para que cierre pronto la negociación del préstamo y se aclare quién deberá pedir estas ayudas. Hay que delimitar el problema para evitar el contagio.
El Gobierno ha perdido demasiado tiempo y ahora es bueno que intente suavizar los requisitos, pero se impone la urgencia de cerrar este capítulo. No debe olvidar que todas las decisiones que ha demorado al final se vuelven en su contra. Un buen ejemplo lo constituye el banco malo. Ayer Fernando Jiménez Latorre reconoció que a la Comisión le gusta la idea de crear un banco malo. Esta opción se planteó antes del primer decreto de reforma financiera de Guindos en febrero y se volvió a sopesar, con algo más de fuerza, con el decreto de mayo, pero en ambas ocasiones se impusieron las medias tintas, cuando el banco malo ha dado resultado en otros países, porque sanea el balance al separar de él los activos tóxicos. El Gobierno también rechaza la liquidación de entidades no viables, de la que habló el comisario Almunia como representante de la Comisión. Es cierto que la liquidación puede resultar más cara, pero Bruselas también puede rechazar los planes de reestructuración que presente alguna entidad que la Comisión considere inviable. En ese caso la opción es nacionalizar -con fondos del Frob- y, una vez tapado el agujero, subastarla. Demasiadas dudas para que vuelva la calma sólo por la magia de las cifras.