Editorial: El reto de reformar el sector público

Desde los tiempos de Felipe González la reforma del sector público ha sido objetivo común entre los diferentes Gobiernos que se han sucedido y en muy pocas ocasiones se consiguieron los resultados deseados con una verdadera modernización del papel del Estado, entendiendo por tal el conjunto de Administraciones Públicas. El Gobierno de Rajoy también tiene entre sus metas emprender una profunda reforma del sector público. La hoja de ruta reformista, que analizará mañana el Consejo de Ministros, contempla esta actuación como una de las medidas pendientes con mayor trascendencia. El Ejecutivo trasladará a Bruselas el Plan Nacional de Reformas, cuyo calendario de aprobación concluirá el próximo verano con la reforma energética. En las próximas semanas verán la luz la citada del sector público, la Ley de Emprendedores y la de Mercado Único.

La reforma del sector público es la que puede tener un mayor impacto sobre los Presupuestos, como forma de asegurar no sólo el objetivo de déficit para este año y el próximo, sino por el cambio estructural que supondrá y que la puede convertir en la mejor aliada de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La reforma del sector público conlleva dos tipos de actuaciones. Por una parte, evitar la duplicidad de funciones entre distintos niveles de Aministración, lo que representa que la financiación se canalice hacia quien ejerza la función, de ahí su fuerte impacto sobre el ahorro presupuestario. Por otra, se debe abordar el excesivo número de ayuntamientos y el papel de las diputaciones, que estará en función del reparto de funciones. Esta ley es fundamental y el Gobierno debe acometer en ella un cambio de calado y no temer la complejidad y las resistencias que encontrará en su aplicación.