Editorial: 250.000 amnistías inmobiliarias

Andalucía ha dado el primer paso de lo que parece que se convertirá en un cliché repetido hasta la saciedad en el resto de las comunidades autónomas. Se intenta legalizar las situaciones aberrantes que ha generado el urbanismo salvaje practicado durante muchas décadas. De una parte, se trata de una medida de electoralismo sonrojante. De otra, se intenta acabar con la inseguridad jurídica de los dueños de las viviendas ante unas situaciones achacables sólo, al menos de entrada, a la impotencia de la Administración para cumplir con sus obligaciones de control del suelo y del medio ambiente. Los Registros de la Propiedad darán una visión real de lo construido evitando que proliferen las infraviviendas, pero es una afrenta para quienes cumplieron con la ley.