Hay que remontarse al año 2011 para recordar la primera vez que se rescató de los libros de historia económica la conocida como tasa Tobin. Este impuesto fue ideado por James Tobin, economista keynesiano en la década de los 70 con el objetivo de gravar las operaciones de divisas y frenar así la especulación que había sobre las mismas tras la ruptura del patrón oro. La tasa en sí nunca se aplicó pero si se adaptó años más tardes con la idea de aplicarla ya no solo a las operaciones de divisas sino a todas las transacciones financieras. Así lo planteó en 2011 la Comisión Europea y así lo han aplicado países como Francia, Italia y ahora también España.
En concreto, lo que pretende el Gobierno es gravar al 0,2% las compras de acciones realizadas por los operadores siempre y cuando sean de empresas cotizadas que cuenten con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros dejando fuera "las operaciones con acciones de empresas no cotizadas y pymes, y las de cotizadas con una capitalización bursátil inferior a los 1.000 millones. Tampoco grava la compra de títulos de deuda (ni pública, ni privada), ni actúa sobre las operaciones con CFDs, ni otros derivados", según explica Self Bank. Con ello, el Gobierno pretende conseguir 800 millones de euros, aunque desde el sector financiero rebajan en mucho esa estimación. Por ejemplo, Airef considera que se podrán recaudar entre 105 y 215 millones de euros y el Banco de España, aunque no dio cifras concretas, sí afirmó que hay "mucha incertidumbre" con respecto a la capacidad recaudatoria de nuevos impuestos como éste. Más teniendo en cuenta que según los cálculos de BME, una de las principales damnificadas por esta medida, los sistemas informáticos no podrán estar adaptados para aplicar esa nueva tasa hasta dentro de al menos 18 meses.