El Estado sufragará el 82% de la financiación del próximo Govern

La pandemia del covid-19 y la crisis económica asociada tiene su reflejo también en las cuentas de la Generalitat de Cataluña, que en los próximos años prevén aumentar todavía más su dependencia de la financiación del Estado, ya actualmente mayoritaria.

Así, mientras ERC y JxCat hacen campaña electoral en favor de la independencia de Cataluña, desde el Govern saliente que comparten fían al Estado hasta casi el 90% de su financiación anual en la próxima legislatura.

Se trata de una tendencia que ya se observaba desde hace años, pero que el covid ha agudizado, según la información que ofrece la Generalitat en su presentación para inversores, con datos de principios de diciembre, por lo que todavía no se ven reflejados los efectos de la tercera ola.

De momento, entre 2021 y 2024 la Generalitat prevé recibir liquidez del Estado equivalente al gasto de todo el sector público autonómico durante un año. Esto es, en el periodo de la próxima legislatura, los mecanismos de liquidez estatal que espera captar el Govern suman 36.000 millones de euros: casi 9.000 este año; alrededor de 10.000 en 2022 y en 2023, y unos 7.000 en 2024.

Puesto en contexto, estas cifras suponen el 67,7% de la financiación total de la Generalitat y entidades dependientes en 2021, el 88,2% en 2022, el 87,9% en 2023 y el 83,4% en 2024, lo que hace una media para la legislatura completa del 82%.

De hecho, el peso del Estado como acreedor de la administración catalana es mayoritario desde 2017. Si en 2016 la liquidez del Gobierno central hacia la autonomía suponía el 32,5% del total, el año del referéndum de independencia pasó a ser la fuente principal de financiación con el 55,8% del total, y desde entonces ha ido en aumento.

La excepción en la senda ascendente es 2021 debido al levantamiento del techo de déficit y gasto para combatir al coronavirus, por lo que hay un déficit referencial del 1,1% del PIB catalán. En cambio, las proyecciones mantienen el objetivo de déficit cero para 2022 y 2023.

Respecto a la causa de esta dependencia estatal, el propio sistema de mecanismos de liquidez para las autonomías, iniciado en 2012, se ha convertido en un pez que se muerde la cola, ya que las nuevas inyecciones se destinan a pagar los préstamos de años anteriores. Así, los vencimientos de deuda de la Generalitat entre 2021 y 2024 rondan los 40.000 millones, y el grueso son precisamente los créditos del Gobierno central.

Necesidades inmediatas

Para este año 2021, la Generalitat necesita 13.072 millones del Estado, de los que 10.388 millones corresponden a amortizaciones de deuda previstas para el ejercicio, otros 2.560 millones al déficit autorizado a las comunidades para 2021 (1,1%) y 125 millones más por las liquidaciones negativas del modelo de financiación en 2008 y 2009.

Del total de deuda que debe amortizarse este año, un total de 8.853 millones corresponden a deuda que hay que devolver de los propios mecanismos de liquidez habilitados por el Estado a partir de 2012.

La presentación para inversores del Govern actual recuerda que en 2020 las necesidades de financiación de la Generalitat fueron de un total de 11.769 millones de euros, 10.004 millones de los cuales correspondientes a amortizaciones de deuda.

Hasta el 30 de septiembre de 2020, la Generalitat acumulaba una deuda por valor de 78.279 millones, de los que 62.376 corresponden a los diferentes mecanismos de liquidez habilitados por el Estado en los últimos años.

Mercados cerrados

Con la pandemia, la previsión de volver a emitir deuda catalana en los mercados también se aleja y no se contempla en las proyecciones de la Generalitat, que tampoco espera gran apoyo de la banca.

La financiación con bancos nacionales e internacionales se estima plana en alrededor de 1.000 millones anuales entre todas las entidades financieras -sin contar los préstamos a corto plazo-.

La última vez que la Generalitat emitió deuda fue precisamente el año en que se pusieron en marcha los mecanismos estatales de liquidez para las autonomías. Fueron los denominados bonos patrióticos porque se destinaron a inversores minoristas, con publicidad que animaba a los catalanes a comprar deuda de la Generalitat, y los vencimientos de sus bonos actuales llegan hasta el año 2041.