El Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrado ayer en Bruselas alcanzó un acuerdo sobre la propuesta de reforma del Reglamento denominado Bruselas II bis, relativo al reconocimiento y ejecución en materia de divorcio, separación y nulidad matrimonial, así como de las controversias sobre la responsabilidad parental en situaciones transfronterizas. Así, se ha reformado un texto de 2003, pactado cuando la UE contaba con 12 Estados miembros, adecuándolo a una Europa a 28 y a la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. El JAI analizó también la propuesta de Reglamento sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas -denominado e-evidence- en los procesos penales. El Consejo estableció un mecanismo de notificación temprana entre los países implicados, pero tal y como proponía España, ese mecanismo será limitado. Afectará solo a las órdenes sobre los datos más intrusivos, casos en los que, en cualquier caso, no habrá posibilidad de objeción vinculante.