Reclamó la retribución al duplicar lo acordado ya en el convenioTras varios cruces de acusaciones con la Abogacía durante la semana pasada, Justicia aclaró los motivos de su gestión del desbloqueo de los pagos para el servicio de asistencia jurídica gratuita. La ministra Dolores Delgado explicó en un comunicado que "el convenio de colaboración firmado por Justicia, la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid el 28 de junio de 2016 para los abogados del Turno de Oficio en el Caso Gürtel preveía que el importe máximo a abonar a cada uno de los 19 letrados de ese procedimiento ascendiera a 30.000 euros, por lo que se libró un pago con cargo al Ministerio de 570.000 euros. Además de esa cuantía, el anterior equipo de Catalá libró un pago adicional a la Abogacía, sumado a esos 570.000 euros, de 591.297 euros "sin cobertura legal alguna", con lo que la cantidad abonada duplicaba la inicialmente establecida en el único convenio firmado. Tras esto, la oficina presupuestaria del Ministerio advirtió a la Secretaría de Estado de Justicia de que el cobro indebido de esa cantidad impediría al CGAE recibir nuevos pagos en aplicación del artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones que establece que "no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario (…) sea deudor por resolución de procedencia de reintegro". En lugar de reclamar formalmente esa cantidad, Justicia, "de buena fe y con la única intención de entregar cuanto antes el dinero, ofreció a la Abogacía la posibilidad de reintegrar amistosamente y de manera voluntaria sin el previo requerimiento de la Administración el dinero que se le abonó indebidamente, tal y como prevé el artículo 90 del Reglamento de Subvenciones", razona. En caso de haber pagado esta última cantidad sin la devolución, "los funcionarios del ministerio podrían haber cometido delitos como prevaricación o malversación de caudales públicos", explica. Para zanjar el tema, dicen que el motivo para aprobar la Orden ministerial fue el informe favorable de Hacienda.