Trabajo rechaza legislar de forma "unilateral" y remite la revalorización al Pacto de Toledo Hasta 46.500 contratos temporales pasaron a fijos en agosto por las presiones del Gobierno La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, bajó ayer al barro del debate sobre la fórmula de la revalorización de las pensiones que trae de cabeza a los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo y fue clara: todo lo que tenga que ver con el mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados se negociará en el marco de la Comisión parlamentaria y no en el de las conversaciones entre el Gobierno y Podemos para los Presupuestos Generales. Y además, la fórmula quedará al albur de lo que decidan los grupos, incluido el socialista, por lo que si la decisión es la de incluir moduladores para el cálculo de las cuantías en caso de recesión del ciclo, las pensiones podrían incrementarse por debajo del IPC, como recoge una de las dos propuestas de revalorización que hay encima de la mesa. Aprovechando su intervención en un encuentro informativo organizado ayer por Nueva Economía Fórum en Madrid, Valerio dijo que el Gobierno "no quiere legislar en materia de pensiones mediante decreto ley" y prefiere buscar acuerdos en el marco del Pacto de Toledo y del diálogo social. Así, la ministra subrayó que el Gobierno "es partidario de que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones" y que el IPC sea "troncal", pero admitió que puedan darse excepciones en función del ciclo económico, siempre que se aborden en el Pacto de Toledo y formen parte del diálogo social. "Hemos dejado claro que el compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y que es inquebrantable", aseveró la titular de Trabajo. Concretamente, la ministra abrió la puerta a que si el texto que finalmente se eleve al Ejecutivo es el propuesto por PDeCat, que incluye los factores de evolución de salarios y productividad como moduladores de la subida del IPC en las pensiones, y que estos puedan restar en caso de recesión económica, por lo que la cuantía podría quedar por debajo de la inflación, el Gobierno debería legislar en esa dirección. Todo ello, sin cerrar la puerta a una decisión que finalmente sitúe el IPC como elemento nuclear, es decir, como suelo de la subida anual, tal y como recoge la otra propuesta encima de la mesa, de Podemos. Con este movimiento, Valerio trató de desactivar la presión de la formación morada para conseguir pasos en la dirección deseada en el marco de la negociación presupuestaria que mantiene con el Gobierno de Pedro Sánchez, al fiar todo a la decisión que se tome en el Pacto de Toledo. En este punto cabe recordar que en la segunda recomendación de la reforma del año 2011, la que hace referencia a la revalorización de las pensiones, ya incluía la posibilidad de, en función del ciclo, incorporar moduladores al avance de la inflación. Por otro lado, en relación a la coyuntura del mercado de trabajo, Valerio recalcó que los datos de agosto "no fueron nada buenos", pero que también es verdad que se registró un 33 por ciento más de contratos indefinidos que en el mismo periodo del año anterior, lo que supuso un total de 153.000 contrataciones indefinidas, el registro más alto de la serie histórica. Los frutos de la inspección Además, la ministra explicó que gracias a las cartas a empresas que se mandaron en agosto tras detectar que había más de 80.500 contratos temporales que habían superado su tiempo legal establecido, un total de 46.554 contratos de estos 80.000 han pasado a ser indefinidos, un volumen de conversión de casi el 58 por ciento. Valerio señaló que esta actuación, establecida dentro del marco del Plan Director por un trabajo digno, puede ser "una gota de agua en el océano de precariedad, pero da idea del compromiso del Ejecutivo de cambiar las cosas y la decisión de algunas empresas de replantearse las políticas de contratación", al exponer las primeras actuaciones de la inspección de trabajo impulsada por el Gobierno socialista tras la llegada al poder.