Govern catalán critica que el TSJ obligue directamente a los centros a aplicar un 25% de castellano

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha criticado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligue directamente a las direcciones de los centros educativos a aplicar un 25% de castellano en los casos que así resuelva, y, con ello, "impida" que sea su departamento quien gestione la respuesta a dichas sentencias.

Lo ha dicho este jueves en declaraciones a periodistas tras reunirse con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), que recibió una medida cautelar en este sentido la semana pasada tras la denuncia de una familia de Parbulario de 5 años: "Quien responde es la directora".

Gonzàlez-Cambray ha explicado que ha querido dar protección, asesoramiento, acompañamiento e información a la dirección del centro -en sus palabras-, para que tenga "todas las herramientas para ver cómo aplica estas medidas cautelares".

Ha asegurado que el Govern "tiene blindado el modelo de escuela catalana" a través de la ley catalana y estatal, pero que los tribunales, desde el desconocimiento, según su expresión, toman decisiones que no se ajustan a la realidad.

Así, el conseller ha criticado la decisión del TSJC: "Un ataque más, intolerable y que rechazamos, al modelo de escuela catalana, que es de éxito, garantiza la cohesión social, equidad e igualdad de oportunidades".

El 25% de castellano, tras modificar el plan lingüístico del centro en aplicación de la sentencia, se aplicará en los ámbitos educativos de 'racons', psicomotricidad y educación visual y plástica de los grupos de P5 en los que participe el menor cuya familia ha denunciado.

"Que estas sentencias no se ajustan a la realidad lingüística y a lo que está pasando en los centros es mucho más flagrante y evidente en un grupo de Parbulario de 5 años en el que no hay asignaturas de catalán y castellano", ha enfatizado González-Cambray.

"Priorizar la convivencia" en el centro

También ha pedido a las familias del centro que "prioricen la convivencia ante este nuevo ataque", y ha explicado que no se ha reunido con la familia que interpuso la denuncia porque no lo han pedido, pero que está abierto a hacerlo.

"Siempre defenderemos la convivencia y que las escuelas son espacios neutros donde educamos a niños y jóvenes. Condenamos cualquier tipo de amenaza y violencia", ha razonado Gonzàlez-Cambray.

AMPA

La presidenta de la AMPA del centro, Mónica Ruz, ha asegurado que el modelo educativo y lingüístico del centro aprobado tiene en cuenta el marco legal y sociolingüístico de la población, y ha opinado que debe ser único para todo el centro, pero ha defendido cumplir la resolución judicial.

"Igual que ha habido una familia que ha hecho un recurso para pedir el 25% en castellano, hay otra serie de familias que quieren seguir teniendo el modelo que escogieron. Queremos mirar qué recorrido legal tenemos para poder seguir teniendo el modelo", ha subrayado.