Estudiantes demandan avanzar en la convivencia universitaria y la igualdad de derechos entre los colectivos universitarios

El estudiantado reclama seguir avanzando en materia de convivencia universitaria e igualdad de derechos tras la aprobación del segundo anteproyecto de la Ley de Convivencia Universitaria. Esta ley, que sustituye al reglamento franquista de 1954, incluye modificaciones introducidas por el estudiantado a través de sus órganos de representación, la Coordinadora de Representantes de Universidades Públicas (CREUP) y el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE).

Este segundo borrador tiene margen de mejora, si bien ha incluido mayores garantías para estudiantes. Tendrá como eje central la mediación, entendida por el estudiantado como la solución de muchos de los problemas de convivencia surgidos en el ámbito universitario.

Así, se ha incluido, a propuesta de la representación estudiantil, la creación de una Comisión de Convivencia compuesta de manera paritaria por todos los colectivos de la comunidad universitaria. A su vez, la nueva Ley de Convivencia Universitaria dotará a este colectivo de garantías como la presunción de inocencia o la posibilidad de apelación a un órgano superior, que no venían recogidas en la norma de 1954. No obstante, la representación estudiantil considera que esta comisión debe tener más capacidad de actuación y validar toda sanción propuesta en el ámbito universitario.

Junto a esto, se recoge una de las demandas principales del estudiantado, la creación de protocolos específicos de actuación en casos de acoso de cualquier tipo, siendo necesario incluir en su elaboración a la representación estudiantil. Aún así, el estudiantado carece de garantías ante conflictos con el cuerpo docente universitario.

A su vez, es necesario que la Comisión de Convivencia pueda denunciar las faltas relativas al régimen disciplinario del profesorado y el personal de administración y servicios, atendiendo a las reivindicaciones del estudiantado, que considera necesario que se incluya a todos los colectivos universitarios en la Convivencia Universitaria.

Por otra parte, el anteproyecto recoge que no se procederá a solicitar la devolución de la beca de forma automática a aquellos estudiantes que cometan una infracción, una medida solicitada por el estudiantado e incluida por el Ministerio. Los representantes estudiantiles consideran que su no inclusión supondría un sistema de castigo desproporcionado. Así, al suspender la asignatura, y por tanto no superar cierto número de créditos, serán los requisitos académicos del Real Decreto de Umbrales los que determinen la pérdida de derecho a beca. Pese a medidas como estas, siguen existiendo sanciones que pueden penalizar al estudiantado desde un punto de vista académico y desde CREUP y CEUNE confían en que se siga trabajando en este aspecto.

Una vez concluido el trámite parlamentario, la Ley de Convivencia Universitaria entrará en vigor, obligando a las Universidades a adaptar la realidad universitaria a una nueva convivencia que englobe al conjunto de la comunidad educativa en el plazo de un año.