Nuevo golpe a la concertada: el Gobierno prohíbe ceder suelo y subvencionar los centros que segreguen por sexo

La escuela concertada se vuelve a quedar sin apoyo del Gobierno. La Comunidad de Madrid se ha pasado años cediendo suelo público para la construcción de colegios concertados mediante procedimientos al margen de la ley. Pero esto ha cambiado. A partir de ahora los Ayuntamientos solo podrán ceder suelo para la construcción de centros educativos si estos son públicos, según el cambio incorporado en el proyecto de ley de Educación que se tramita en el Congreso.

Esta nueva norma había sido planteada mediante una enmienda de Unidas Podemos, y ha recibido el apoyo del PSOE y Más País, la abstención de ERC y PNV, y los votos en contra del PP, Vox y Ciudadanos. Esta disposición es la que regula en la ley la relación que existe en materia educativa entre las comunidades autónomas y los municipios, corporaciones o entidades locales. Al acotar a los centros públicos la colaboración que pueden prestar en cuanto a suelo, se impide que este pueda destinarse a colegios privados, aunque sean concertados. Actualmente, el Gobierno regional tiene 249 propiedades cedidas a instituciones o particulares privados.

Desde que la Comunidad de Madrid se hizo con las competencias educativas en 1999 hasta el año 2013, el Ejecutivo cedió al menos 45 edificios terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o escuelas concertadas. Además, desde que Esperanza Aguirre accediera al poder, la escuela concertada era una de las formas que eligió Francisco Granados para hacer negocios. De esta forma se ha conocido a través de las investigaciones que Granados recibía mordidas de entre 900.000 euros y 1,2 millones a cambio de ceder suelo público para realizar colegios concertados en varios municipios de la región.

Sin subvenciones a colegios que segregan

Las novedades del Congreso no acaban aquí, sino que se prevén más cambios educativos, entre ellos está impedir la segregación por sexos en los centros sostenidos con fondos públicos. Fue uno de los objetivos que se planteó el Gobierno a principios de año y parece que es ahora cuando lo quiere llevar a cabo.

Durante la tarde de ayer PSOE, Podemos y ERC acordaron una enmienda para prohibir en el marco del proyecto de la LOMLOE que en la educación concertada no puedan segregar a alumnos por sexo. Esta modificación contempla la opción de retirar conciertos a aquellos centros que incurran en la separación por género de los alumnos.

Se trata de un tema polémico porque, de hecho, este tipo de financiación fue aprobada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, varios magistrados emitieron un voto particular a la sentencia al considerar que este tipo de educación vulnera artículos de la Constitución.

¿Qué regiones españolas segregan?

En el curso 2018-2019 el número de colegios concertados solo para chicos o solo para chicas ascendía a 87, según la Agencia EFE. De ellos, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son los que más centros de este tipo tenían. Por el contrario, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no disponen de este tipo de colegios.

Andalucía tenía en 2018 nueve centros, el País Vasco, seis, Castilla y León y Galicia, cinco, cuatro Navarra, Asturias, Baleares, Murcia y La Rioja dos y uno Cantabria. La propia ministra de Educación, Isabel Celaá, ha advertido en varias ocasiones que estos centros no cumplen con un principio básico de la educación como es la equidad.

El OPUS protesta

El pasado mes de octubre diez escuelas vinculadas al Opus que segregan a sus alumnos por sexo presentaron un recurso ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya contra la decisión de la Conserjería de Educación de no renovar los conciertos educativos con esos centros para los próximos seis años. El coste de subvencionar estos colegios ascendía cada año a unos 30 millones de euros. Con el objetivo de no perjudicar a las familias que ya habían matriculado a los hijos, el Govern dictaminó una prórroga de un año.