La Casa Blanca mete mano a la deuda universitaria

La deuda universitaria a este lado del Atlántico no es ninguna broma. Según las últimas estadísticas el apalancamiento derivado de los préstamos estudiantiles afecta a más de 44 millones de estadounidenses, que adeudan ya 1,6 billones dólares.

De esta forma, los créditos a aquellos que aspiran a una educación universitaria se postulan ya como la segunda categoría de deuda de consumo más alta, solo superada por las hipotecas pero por delante de la deuda derivada de las tarjetas de crédito y préstamos para comprar un coche. Algunas proyecciones avisan que para 2023, el 40% de los prestatarios de un crédito estudiantil podría incumplir sus pagos.

En estas circunstancias y en un esfuerzo por atraer a los votantes más jóvenes, los aspirantes demócratas a conseguir la nominación del partido y plantar cara así al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones del próximo noviembre, han decidido abordar este asunto en sus planes de campañas. Quizás el más agresivo llega de mano de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, que aboga por cancelar esta deuda.

El plan de Warren tiene dos frentes. Uno es que el gobierno federal cancele las actuales deudas por préstamos estudiantiles. El segundo es tener educación universitaria universal. La candidata explicó en un texto que su presidencia cancelaría 50.000 dólares de deuda a personas con ingresos familiares menores de 100.000 dólares.

Warren quiere cancelar las deudas por préstamos estudiantiles

Los que ganen más también tendrían cierta mejora, ya que se reduciría gradualmente un dólar por cada tres dólares. Así, una persona con ingresos de 130.000 dólares tendrá una cancelación de 40.000 dólares. El límite máximo de ingresos sería de 250.000 dólares.

Al mismo tiempo, Warren quiere financiar la educación universitaria universal con un impuesto a los "ultrarricos". La tasa sería del 2% por cada dólar en fortunas mayores de 50 millones de dólares y del 3% por cada dólar para aquellos con ingresos que superan los 1.000 millones. El Estado recibiría así 2,75 billones de dólares durante un periodo de diez años.

No obstante, estas propuestas ya han tenido su respuesta en el Capitolio, donde senadores republicanos, como Ted Cruz, asegura que esta medida sería inconstitucional y que no podría implementarse sin aprobación del Congreso.

Sin embargo, la deuda estudiantil es un problema que también llega a la agenda del exvicepresidente y candidato demócrata, Joe Biden. Biden apoya simplificar los planes de pago basados en los ingresos de modo que los prestatarios paguen no más del 5% de los ingresos y los préstamos federales para estudiantes se cancelen después de 20 años si no se han pagado por completo. También respalda ayudas de hasta 10.000 dólares anuales para costear préstamos a aquellos estudiantes que presten un servicio público.

Sanders aboga por la universidad gratuita para ciertas familias

Al igual que Warren, el senador por Vermont, Bernie Sanders, defiende que la deuda estudiantil debe cancelarse. Antes de poder acometer esta meta, Sanders considera que la universidad debería ser gratuita para ciertas familias que ganen menos de 125.000 dólares al año, mientras las tasas de interés de los préstamos estudiantiles federales deberían ser más bajas y su refinanciación debería ayudar a ahorrar dinero para ayudar a un mayor número de prestatarios.

Por su parte, Pete Buttigieg, el alcalde de South Bend, en el Estado de Indiana, y aspirante a la nominación demócrata, defiende que el coste de las universidades debería reducirse, pero no cree en la universidad gratuita. Eso sí, avala que los Estados jueguen un papel más activo a la hora de cubrir los costes de matriculación para los estudiantes. Buttigieg no considera adecuado perdonar toda la deuda emitida debido a su tamaño, pero expandiría la cancelación de aquellos estudiantes que ejerzan algún tipo de servicio público o comunitario.

Más allá de los candidatos demócratas, en su propuesta de presupuesto para 2020, el presidente Donald Trump incluyó varios objetivos relacionados con este tema, como lograr un equilibrio entre las necesidades de los estudiantes y los intereses de los contribuyentes, reducir el papel del gobierno federal en la educación, recortar la deuda de los préstamos estudiantiles y aumentar la responsabilidad de las instituciones de educación superior.