España prepara el camino hacia una transición ecológica justa

Las diferentes alertas del planeta sobre la fragilidad de su equilibrio ecológico hacen obligatorio un plan de medidas. Así, el proceso hacia una transición ecológica es un hecho y tanto las administraciones como el sector privado trabajan en ello.

Sin embargo, este proceso puede generar un perjucio en ciertas poblaciones, por lo que es necesario que la transición vaya acompañada del apellido "justa", con medidas que garanticen la estabilidad económica y de la sociedad. En palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "la transición ecológica debe ser justa, debe ser la palanca de cambio contra la desigualdad, debe implicar justicia y equidad", tal y como apuntó en su intervención en la ceremonia de inauguración de la Cumbre del Clima, COP 25.

La transición justa es un desafío para todo el sistema, ya que supone gestionar las repercusiones positivas y negativas para la sociedad y el empleo que conlleva la acción por el clima en toda la economía. Esta situación hace necesaria acompañar a los sectores económicos en su transformación, apoyando la investigación, el desarrollo, innovación y la adaptación de las empresas en los diferentes sectores económicos.

La actuación de todos los agentes es clave en este proceso. El Consejo de Ministros aprobó en febrero la Estrategia Nacional de Transición Justa -una de las tres patas del Marco Estratégico del Gobierno sobre energía y clima, junto con el borrador del Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (PNIEC) y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático-, que ya ha superado la fase de información pública y convierte a España en el primer país en dotarse de este tipo de documento, aunque está pendiente de su aprobación.

Se pretende que sea la herramienta para evitar el impacto negativo en el empleo y la despoblación de ciertos territorios con el impulso de políticas industriales, de I+D+i, de empleo y formación profesional.

Objetivos

Como punto de partida de esta estrategia se marca optimizar los beneficios de la transición ecológica para generar más y mejores empleos. De hecho, facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social y territorial generados por la transición ecológica de la economía es uno de los objetivos marcados. En este sentido también se marcan medidas de igualdad de género, así como para ciertos colectivos como los habitantes del mundo rural.

Otro de los objetivos que destaca en esta estrategia es la propuesta de políticas industriales, de investigación, desarrollo, innovación, digitalización, de promoción de actividad económica, de fomento de la inversión y la financiación requerida, políticas activas de empleo y formación profesional para el trabajo coordinado de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales con el objetivo de aprovechar la transición para la mejora de competitividad del sector.

Para la consecución de estos objetivos, entre otros, son necesarias políticas coordinadas, apoyadas de medidas regulatorias, así como mecanismos de planificación y gestión. Según apunta el documento elaborado por el Gobierno "las medidas que pueden ofrecerse a los sectores incluyen incentivos para subsectores y actividades con interés en la transición ecológica con previsibilidad y transparencia, estimulación de demanda, inversión y desarrollo de mercados para productos verdes, uso de la compra pública, apoyo a investigación para generar oportunidades en actividades económicas eficientes en uso de recursos y de economía circular, apoyo público para la transición de pequeñas y medianas empresas, promoción de planes de transición en grandes empresas o formación para trabajadores".

Herramienta de ejecución

La ejecución de la Estrategia se articula con los denominados Convenios de Transición Justa, en los que se espera participen administraciones, empresas, sindicatos, ONGs o centros formativos, para poder identificar las necesidades, los puntos fuertes y el potencial de cada territorio, así como el mejor modo de aprovecharlo.

En el caso de las regiones con riesgo de despoblación, es necesario tener en cuenta el desarrollo de iniciativas incluidas en la Estrategia Española de lucha contra la Despoblación. Entre ellas está la implementación y el despliegue de redes de telecomunicaciones de alta velocidad, como por ejemplo 5G o 4G, y plataformas digitales o desarrollo de territorios inteligentes.