La factura electrónica tendrá valor de prueba en el proceso

La factura electrónica será un documento completamente válido como medio de prueba en el proceso judicial. Ésta es la principal conclusión que jueces y economistas transmitieron ayer en la Jornada sobre los aspectos técnicos de la factura electrónica en el proceso español, celebrada en la sede del Consejo General de Economistas, con la participación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante la inminente instauración de estos documentos en el sector público, el próximo 30 de octubre.

Según el magistrado Salvador Vilata, "no cabe duda de la virtualidad probatoria de estos documentos en el proceso judicial". Así, señaló, ante su posible impugnación, que "el juez dispondrá de herramientas de comprobación en el marco de la ley procesal vigente" por lo que deberá atenderse a las reglas procesales ordinarias para documentos privados.

Para ello, los juzgados dispondrán de sistemas de verificación de autenticidad del documento, homologados por la Agencia Tributaria, al tiempo que podrán auxiliarse de la prueba pericial.

Mecanismos de control de la Agencia tributaria

La Agencia Tributaria, además, homologará los mecanismos de emisión, digitalización y verificación de facturas electrónicas que utilicen las empresas, tal y como explicó Santiago Segarra, Inspector de Hacienda de la AEAT, que, asimismo, "deberán poner al servicio de jueces e inspectores con potestad de investigar las facturas de la empresa". Además, explicó, la fiabilidad de autenticidad podrá lograrse, a través de un código seguro de verificación que dará al documento carácter de copia auténtica.

A través de estos mecanismos, se dará, por tanto, respuesta a la normativa reguladora de la facturación electrónica, que exige que se garantice "la autenticidad de origen y la integridad de contenido de este tipo de documentos", según señaló, finalmente, la magistrada juez Nuria Orellana.

Finalmente, durante el encuentro, se resaltaron las distintas ventajas del nuevo modelo respecto de la facturación convencional, que pasan desde el ahorro de costes, emisión y almacenamiento o la reducción de tiempo, dado el acceso remoto de inspectores tributarios y jueces, como señaló el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa Torner, para el que el nuevo modelo "mejorará de forma clara la competitividad y la efectividad, al tiempo que es un importante paso para alcanzar la digitalización de la Justicia dentro del proceso de modernización impulsado por el CGPJ".