Los fondos que poseen la deuda de las radiales critican los retrasos en la reversión
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un convenio de gestión directa para que el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública SEITTSA, pueda hacerse cargo de estas vías una vez que el juez establezca su reversión al Estado.
Según los fondos internacionales, la reversión de las autopistas y el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) no suponen un rescate por parte del Estado, sino el cumplimiento de una obligación jurídica que se contrajo cuando se otorgaron las concesiones.
Los fondos subrayan que la entrada en liquidación de las autopistas supone la resolución automática de las concesiones y la obligación de determinar la RPA en seis meses.
Según los fondos, el pago de la RPA se tiene que realizar dentro de los tres meses siguientes a su determinación, es decir, como máximo nueve meses después de la entrada en liquidación.
Por ejemplo, en el caso de la AP-36 (autopista Ocaña-La Roda), ya se debería haber calculado y pagado la RPA, "cosa que no ha ocurrido", apuntan.
Los fondos consideran que una resolución "proactiva y justa" por parte del Gobierno, que evite litigios, es "fundamental para la percepción internacional sobre la seguridad jurídica de España y el riesgo de pago de la Administración" y, por lo tanto, para la financiación del nuevo plan de inversiones del Estado en carreteras.
En su opinión, los retrasos por parte del Gobierno, "además de dañar su credibilidad" en los mercados financieros, devengan intereses de mora sobre la RPA.
Los acreedores, señalan los fondos, siguen abiertos a una solución negociada que ayude a evitar más retrasos y a minimizar los costes para el Estado.