El Estado hace cuentas: deja de ingresar un 31% por la crisis del 'ladrillo'
La Fundación de Impuestos y Competitividad ha elaborado un estudio con propuestas para la mejora del sistema tributario en España que ayude a reactivar el mercado inmobiliario paralizado por el estallido de la burbuja.
El sector inmobiliario ha dejado de ser competitivo. Se recauda menos precisamente de un sector como el ladrillo que antes dejara grandes márgenes a las Administraciones. Y los ayuntamientos saben mejor que nadie de esa construcción desmedida, y en ocasiones poco acertada, pero que llenaba sus arcas. Según un estudio realizado por un grupo de técnicos expertos en fiscalidad inmobiliaria, con esta escasa actividad y apenas ventas en el mercado, el Estado recaudó el año pasado un 31% menos en relación a 2007, justo antes de que estallara la burbuja.
"Los problemas del sector inmobiliario tienen una repercusión fuertemente negativa en la recaudación fiscal asociada a la actividad inmobiliaria y que afecta a todos los niveles de gobierno de forma muy significativa", explican los analistas coordinados por el despacho de abogados Uría Menéndez para la Fundación Impuestos y Competitividad, en un documento titulado Propuestas de Reforma del Mercado Legislativo de la Fiscalidad Inmobiliaria.
Según sus cálculos, en el conjunto de las Administraciones Públicas los impuestos asociados más directamente a la actividad inmobiliaria han disminuido entre 2007 y 2011 casi un 31%, "más de 11 puntos porcentuales sobre la disminución total de la recaudación, cayendo de forma muy significativa en algunos casos", explican en una entrevista a este diario. En paralelo, estos mismos expertos prevén una revisión y mejora del ordenamiento y de la práctica tributaria de España y la Unión Europea para mejorar la competitividad de sus economías.
Y es que la hipertrofia normativa no sólo no ayuda, sino que convierte el proceso en un entramado de normas que complica su normalización. Entre las principales anomalías en el ámbito de la fiscalidad inmobiliaria están la falta de seguridad jurídica y de claridad normativa, las deficiencias en el tratamiento de las operaciones inmobiliarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y la aprobación de medidas orientadas al aumento de la presión fiscal en una etapa de recesión y reducción de la inversión.
Recomendaciones
Precisamente el objetivo del proyecto es detectar las principales anomalías y problemas que presenta la actual normativa de fiscalidad inmobiliaria y ofrecer una serie de recomendaciones y propuestas de mejora que, partiendo de lo acertado del régimen fiscal aplicable a la actividad inmobiliaria en muchos de sus aspectos, permitan acometer su revisión "y coadyuven a la necesaria recuperación de esta actividad", de manera que el sector inmobiliario siga teniendo un papel preferente en el nuevo modelo económico que resulte de la actual coyuntura".
"El trabajo no pretende proponer un nuevo modelo político de tributación, sino postular una serie de medidas que han resultado de aunar diferentes sensibilidades e intereses (no siempre coincidentes) existentes en los variados ámbitos que guardan relación con la materia estudiada", dicen los expertos.
La mejora de esta competitividad del sector inmobiliario pasaría, según el informe, por una mayor seguridad jurídica para incentivar la inversión, la aprobación de modificaciones que reduzcan el impacto negativo de las restricciones aprobadas en el Impuesto sobre Sociedades para sociedades inmobiliarias o la clarificación del tratamiento fiscal de determinadas operaciones.
"Creemos que estas medidas favorecerían a las Administraciones Públicas y a la economía nacional, ya que incentivarían la inversión inmobiliaria desde un modelo más racional, favorecerían el crecimiento de la economía y, en consecuencia, la creación de empleo y reducirían el fraude fiscal en el sector", insisten con los datos en la mano.
Según sus análisis , entre 2007 y 2010, los ayuntamientos ingresaron por IBI un 30% más mientras que por licencias y cuotas de urbanización, un 50% menos.
En las comunidades autónomas los ingresos por Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) bajaron hasta un 53%. Por ejemplo, en las comunidades autónomas, estos gravámenes que aportaban a las arcas autonómicas el 20% del total de los impuestos en 2007, pasó a suponer menos del 13% tres años después, tras caer su recaudación hasta 2010 un 53%. Según sus cálculos, sólo se salvan de la quema los ayuntamientos y gracias a la subida un 30% de la recaudación del IBI que grava el parque existente porque, por lo que se refiere a los tributos que reflejan la actividad inmobiliaria, el desplome es de más del 60% en el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y de un 54,6% en el caso de las cuotas de urbanización.
No todo son números rojos: en paralelo, lo ingresado por alquileres reales subió al 30% acumulado entre 2007 y 2010 y mantenimiento y reparación, un 7%.
La Fundación Impuestos y Competitividad quiere en su estudio disipar la ola negativa que rodea el concepto tributo e insisten en que, por el contrario, éstos pueden ayudar a desenladrillar el sector.
En esa línea van sus recomendaciones, por ejemplo, sobre el IVA y la conveniencia de grabar todo el ciclo. En su opinión, la tributación de las operaciones en el IVA se hace depender de elementos tales como la voluntad de los intervinientes (para su sujeción a IVA, la urbanización de terrenos ha de realizarse con la intención de proceder a la venta, cesión o adjudicación por cualquier título de lo urbanizado) o el grado de avance del proceso (el inicio material de las obras o la asunción de la carga urbanística es lo que convierte al propietario en empresario o profesional y determina la sujeción al impuesto). Esta configuración plantea disfunciones importantes, ya que mientras que el IVA es un impuesto normalmente recuperable para empresarios y profesionales (a través de su compensación o la solicitud de su devolución), el ITP, impuesto generalmente aplicable cuando la operación no está sujeta al IVA, es un impuesto no recuperable y, por lo tanto, un coste fijo para su pagador.
En este momento, hasta que no se inicia efectivamente la obra, se tributa por ITP entre un 6% y un 11%, coste que ya no se puede recuperar, a diferencia del IVA.
En cuanto al IRPF, las modificaciones van en la línea de buscar estímulos que incentiven el acceso a la vivienda a través de la fiscalidad. Su IRPF particular prevé el posible mantenimiento de la deducción por adquisición de vivienda habitual con limitación a los sujetos pasivos con rentas más bajas o la introducción de una deducción permanente para rehabilitación de la vivienda habitual.
'Stock' inamovible
Otra de las prioridades para el Gobierno, y para la Fundación Impuestos y Competitividad, pasa por favorecer el alquiler como otra de las vías para reducir el stock de viviendas vacías.
"Partiendo de un tratamiento fiscal que entendemos hoy favorable, a este fin pueden ayudar medidas como la introducción de un supuesto de exención de las plusvalías en los casos de transmisión de viviendas para adquirir otras que se vayan a dedicar al arrendamiento o el tratamiento de las rentas por arrendamiento como rentas del ahorro en IRPF". Los estudios no descartan plantearse extender los beneficios en el Impuesto sobre Patrimonio (IP) y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) a supuestos en los que se desarrolle la actividad de arrendamiento de inmuebles sin necesidad de contar con el costoso y muchas veces innecesario requisito de local y empleado. La maraña normativa afecta también a la captación de capital extranjero, "pese a que España es una jurisdicción muy atractiva para el inversor internacional dada la gran oferta existente de bienes inmuebles con una rentabilidad esperada muy alta". Sin embargo, reconocen, el tratamiento fiscal y la falta de seguridad jurídica existente están afectando al montante de la inversión. Toca poner orden.