La mitad de los edificios catalanes ignora la ley de revisiones
Carla Stavraky
En el número 16 del pasaje de La Torre en Badalona, sus 42 residentes fueron desalojados de urgencia hace un mes y no podrán volver a sus viviendas. El 5 de noviembre se inició el proceso de derribo del edificio por aluminosis, después de que apareciera un gran agujero en la fachada. Una situación que podría haberse evitado de no haber ignorado los cinco avisos de las administraciones que requerían una Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Los últimos datos de la Generalitat de Cataluña de este septiembre muestran que solamente el 49% del parque edificado que está obligado por ley a realizar esta inspección, es decir los edificios de más de 45 años, la ha realizado. De manera que encontramos más de la mitad de los edificios en toda Cataluña sin revisar de los 143.022 obligados, ocasionando, a su vez, que un sector de la población se vea expuesto a efectos negativos de salud por la insalubridad y la mala condición de sus viviendas.
Las ITE están reguladas en Cataluña desde 2010 y tienen la función de controlar el estado en el que se encuentra un edificio de viviendas para así poder impulsar su mantenimiento o su mejora.
La Generalitat ha lanzado una línea de financiación con un presupuesto de 100 millones de euros y que pretende ser un estímulo para los propietarios, teniendo en cuenta que las subvenciones existentes para rehabilitar solo permiten cubrir entre el 30% y el 40% del gasto total una vez realizadas las obras, según reconoce la propia Administración catalana.
En 2018, la Generalitat recibió casi 30.000 solicitudes de ITE, tantas como la suma de los ejercicios anteriores, debido a la influencia de la campaña que lanzó la Administración ese mismo año para notificar a los inmuebles afectados que debían realizar una inspección.
Una apuesta energética
La rehabilitación de los edificios, precisamente, permite la mejora de las condiciones de habitabilidad; es una opción para aumentar el parque de viviendas de alquiler asequible -combatiendo así la poca oferta existente en el mercado de alquiler- y supone una eficiencia energética inmediata. Mediante la rehabilitación energética, la factura se reduce y se disminuyen los gases de efecto invernadero, además de crear empleo. Pero, como manifiesta el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña (CAdIC), en la comunidad existen "barreras legales y financieras" que impiden un desarrollo eficaz y en línea con las necesidades de parque público de vivienda. Recalca que, en los últimos años, los recursos dirigidos al sector han decaído desde 2007, cuando estalló la crisis.
La inversión pública en vivienda y servicios comunitarios en España pasó de un total de 4.788 millones de euros en 2007 a 986 millones de euros en 2017, es decir, que se redujo del 0,4% del PIB al 0,1%.
Hay 143.022 inmuebles obligados por ley a pasar la ITE en Cataluña actualmente
En Cataluña, el peso del sector de la rehabilitación en el PIB de la comunidad autónoma también se ha visto muy reducido si se compara con los datos anteriores a la crisis. Actualmente se encuentra en el 4,8%, y el CAdIC también lamenta que "la obra nueva ha tenido preponderancia sobre la rehabilitación" a la hora de idear políticas públicas. Aunque parece que en estos últimos años se está modificando la normativa, el proceso es muy lento y carente de sistematización, lamentan.
La patronal catalana Foment del Treball, por su parte, criticó en un informe de vivienda de junio las últimas normativas elaboradas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona: el Govern fijaba los precios de los contratos de alquiler -norma de mayo que fue derogada en julio- y Barcelona obliga desde enero a destinar un 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda social. La patronal lamentó que están teniendo un efecto inverso en el mercado y puede acabar "frenando o congelando la inversión". El Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña confirma que, en la ciudad de Barcelona, en el primer semestre del año la construcción ha padecido una recesión del 24% respecto al ejercicio anterior, ocasionando también una caída de la rehabilitación del 60%.
Propuestas
Con el propósito de mejorar el sector de la vivienda en Cataluña, Foment del Treball propone un pacto público-privado para la construcción de viviendas sociales.
El CAdIC, a su vez, quiere impulsar un nuevo plan de financiación tanto público como privado para la rehabilitación de las viviendas, ya que, comparado con otros países de la Unión Europea, España todavía va muy por detrás. Mientras que en Francia y Alemania el parque de viviendas que son sometidas a una rehabilitación se sitúa por encima del 1,5%, aquí es inferior al 1%.
Ambos organismos coinciden en crear un comité técnico encargado de controlar y tramitar la rehabilitación, con el fin de fijar unas políticas sociales realistas y sostenibles y "coherentes con los diversos niveles de la administración".
El sector privado lamenta la ineficiencia de las políticas públicas actuales de vivienda y la poca prioridad que se les ha concedido, agudizada por los años de crisis económica, la concatenación de elecciones y legislaturas fallidas y las prórrogas presupuestarias.