Las querellas de Torra mueren en los tribunales

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no se autoaplica la crítica de las formaciones independentistas sobre la judicialización de la política por parte del Estado, y ha acudido a la Justicia ya en siete ocasiones desde que accedió al cargo.

Por haberle llamado "nazi", "supremacista" o "desequilibrado", por ejemplo, ha interpuesto cinco querellas contra varias personalidades políticas. Casi todas giran alrededor de presuntos delitos de injurias. Y también casi todas ellas han tenido una corta vida: cuatro no han sido admitidas a trámite o se han archivado.

La quinta es la que interpuso contra el líder del PP, Pablo Casado, a mediados de diciembre, por haberle llamado este último "desequilibrado" . De esta querella todavía no hay novedades.

"Hay que ser un desequilibrado por escribir sobre los españoles que somos carroñeros, hienas y víboras", decía Casado en el acto de presentación de Josep Bou como alcaldable por Barcelona. Según Casado, Torra merecía este calificativo por decir que "estaba deseando que el Gobierno le mandara los tanques" o que "ansiaba la vía eslovena, es decir, la guerra civil que costó 63 muertos".

La última querella en inadmitirse fue la que interpuso Torra contra el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. El pasado martes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía archivaba, mediante auto desestimatorio, la causa contra el líder de la formación naranja por presuntas injurias y calumnias. Concretamente, después de un debate electoral, el entonces candidato de Cs a la presidencia de la Junta andaluza publicó un tuit en el que llamaba a Torra "racista" y "golpista".

El president también acusó a Marín de decir que había "insultado falsamente a los andaluces": en el mismo debate en Canal Sur, Marín puso sobre la mesa que Torra había dicho que "los andaluces tienen un gen menos que los catalanes".

Pero estas reclamaciones no han prosperado, como tampoco lo han hecho las querellas contra Alfonso Guerra o José Bono. Al exvicepresidente del Gobierno y exdirigente del PSOE, Torra lo acusó de presuntas injurias graves e incitación al odio. Guerra, en una entrevista a la SER en mayo, llamó "nazi" al president. En este caso hubieron pesquisas, pero las diligencias se acabaron archivando.

La querella contra el exministro y expresidente del Congreso, José Bono, es del mismo estilo: Torra lo acusó de iguales delitos que a Guerra. Bono aseguró en La Sexta que los artículos de Torra "estaban más cerca de planteamientos nazis que de planteamientos democráticos". Y ponía como ejemplo en boca de Torra que consideraba "un deterioro para Cataluña cruzarse a niños y niñas por la calle hablando en castellano". El Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla y el de Instrucción número 11 de Madrid, respectivamente, archivaron la causa.

El motivo de los rechazos es que se entiende que dichas expresiones quedan amparadas por la libertad de expresión.

Pero los servicios jurídicos de la Generalitat consideran que la sobrepasan: alegaban, en relación a las cualificaciones de "nazi" proferidas contra el president, que "el Tribunal Constitucional ha determinado que el derecho a la libertad de expresión no justifica el uso de expresiones insultantes, injuriosas o vejatorias que excedan del derecho de crítica".

Prevaricación

Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría también han sido objeto de acusación por parte de Torra, justo cuando estrenaba mandato.

Esta vez, por presunta prevaricación por omisión -se produce prevaricación cuando una autoridad dicta algo a sabiendas de que es injusto o ilegal-, cuando el Gobierno se negó a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Decreto de nombramiento de los miembros del Govern.

Entre los consellers, se hallaban Jordi Turull y Josep Rull -que tanto entonces como ahora están en prisión preventiva- y Toni Comín y Lluís Puig -sitos en Bélgica-. En sustitución, Torra nombró consejeras a Elsa Artadi, Àngels Chacón, Laura Borràs y Alba Vergés. La Sala Segunda del Tribunal Supremo siguió la tónica imperante: inadmitir a trámite.

Detenciones ilegales

El ejecutivo catalán ha anunciado que seguirá moviendo ficha judicialmente. Concretamente, interpondrá una demanda por presuntas detenciones ilegales por los hechos acometidos el pasado miércoles, según Efe. El Cuerpo Nacional de Policía detuvo a 16 personas -ya todas en libertad- por presuntos desórdenes públicos el día 1 de octubre de 2018 como, por ejemplo, cortar las vías del Ave en Girona.

Entre los detenidos, había los alcaldes de los municipios gerundenses de Verges y Celrà, ambos de la CUP. La Generalitat sostiene que son "detenciones ilegales" en tanto que no mediaba "autorización judicial", si bien esta es la tesis sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que explicó que la decisión de efectuar las detenciones había sido tomada por la policía y no por un juez.

En contraposición, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que la investigación la lideraba un juez y que, por lo tanto, la policía actuó como "policía judicial".

Torra también es acusado

A su vez, tanto Ciudadanos como Vox se han querellado contra Torra. Vox la interpuso el día 10 de diciembre por una presunta conspiración para la rebelión. Lo anunciaba Santiago Abascal, el líder de la formación de ultraderecha, en su cuenta de Twitter.

Los motivos: "amenazar con un levantamiento armado" y "proponer la vía eslovena". La querella de Vox se interpuso ante el Tribunal Supremo porque, aunque lo normal es que los delitos contra un president sean conocidos por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) -tal y como afirma el Estatut-, según Vox, la doctrina del Alto tribunal estima que son de su competencia "los delitos que afecten al conjunto del Estado".

Ciudadanos, un poco más tarde pero también en diciembre, interpuso otra querella -esta, ahora sí, ante el TSJC-. Acusan a Torra de incitación a la sedición. Inés Arrimadas informó de la decisión del partido dos días antes de la celebración el 21-D del Consejo de Ministros en Barcelona, por "justificar la violencia de los CDR". Concretamente, Arrimadas explicó que Torra "consentía lo que pasaría el viernes" y por "no haber hecho un llamamiento a los CDR para que desconvocaran los actos ilegales y previstos" para ese viernes.

No hay novedades aún de estas dos iniciativas que, sin duda, añaden nuevos frentes en el procés.