Nuevo revés de la justicia belga a Llarena por un defecto de forma

La justicia española sufrió ayer un nuevo revés ante Europa. Un tribunal de primera instancia de Bruselas denegó la extradición de los tres exconsejeros catalanes huidos a Bélgica -Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- por un defecto de forma en la euroorden de detención y en-trega emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Según la Fiscalía belga, la documentación enviada por Llarena es irregular, porque no contiene una nueva orden de detención nacional, imprescindible para que la justicia de un país pueda reclamar a un ciudadano ante otro miembro de la UE, sino que se adjunta la antigua orden dictada por la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.

Es la segunda euroorden parcialmente fallida que emite la justicia española contra los líderes independentistas, después de que el propio Llarena tuviera que retirar la primera ante la posibilidad de que los tribunales belgas no apreciaran los delitos de rebelión, sedición y malversación que se atribuían al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros de su Govern.

Los abogados de Puigdemont ya trabajan para utilizar los mismos argumentos del caso belga para argumentar ante la justicia alemana que rechace su extradición. De todas formas, el tribunal belga no entra a valorar el fondo de la cuestión, de manera que Llarena podría emitir una nueva petición de extradición contra los tres exconsejeros, que se encuentran huidos en Bélgica.

Igual que Puigdemont celebró a principios de abril que la justicia alemana le dejara en libertad con cargos, al no apreciar el delito de rebelión que le imputa el Supremo, ayer los tres exconsejeros sacaron pecho ante la decisión de los tribunales belgas. "Queremos mostrar nuestra satisfacción rotunda, más absoluta, porque hoy efectivamente se ha hecho justicia", declaró Comín al salir de la audiencia. Por su lado, el Supremó reprochó a la justicia belga "ausencia de compromiso con la colaboración judicial", y considera que sólo el "desconocimiento" del ordenamiento jurídico español permite obviar el auto de procesamiento de Llarena.

Futuro 'Govern'

En el ámbito político, el nuevo presidente catalán, Quim Torra, perfila el Gobierno que va a nombrar una vez tome posesión de su cargo. Sin embargo, su idea de restituir el anterior ejecutivo autonómico cesado por el 155 se va a topar, de entrada, con la negativa de varios exconsejeros a retomar su cargo, como es el caso de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Raül Romeva, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, todos ellos procesados. Por el contrario, Josep Rull, Jordi Turull, Lluís Puig y Antoni Comín sí que se han mostrado dispuestos a repetir como consejeros, aunque de manera simbólica, ya que los dos primeros se encuentran presos y los dos últimos, huidos, y todos podrían ser inhabilitados cuando se confirmen sus procesamientos judiciales.

En este sentido, la decisión de Comín, que es diputado de ERC en el Parlament, ha abierto controversia en las filas republicanas, que apuestan por un Gobierno "efectivo", frente a la línea de "restitución" de la Generalitat "legítima" anterior que defienden desde JxCat, con Puigdemont a la cabeza.