La Fiscalía busca acuerdos para probar las 'mordidas' de CDC

Negocia con el exgerente del Palau para que confirme la implicación del partido.

El lodazal de presunta corrupción que envuelve a la antigua Convergència es cada vez más profundo. Ni la refundación ni el rebautizo a a PDeCat parece frenar la velocidad a la que se sumerge.

Si el caso 3% ya había salpicado y perjudicado gravemente al germen del partido que preside Artur Mas, ahora emerge del barro otro caso que iniciará su juicio hoy. Se trata del caso Palau, uno de los primeros que destapó la presunta connivencia de la burguesía catalana con la antigua Convergència, mediante un sistema organizado de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

En este caso concreto, la institución del Palau de la Música sirvió, según el fiscal, para camuflar las mordidas que pagaban los ya exdirectivos de Ferrovial a Convergència para conseguir adjudicaciones. La Fiscalía Anticorrupción está negociando un acuerdo con el propio ex director administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull, y su hija y ex directora financiera de la entidad, Gemma Montull, para que reconozcan la implicación de CDC en el pago de esas comisiones, según adelantó ayer La Vanguardia.

Esta testificación por parte de Montull padre se haría a cambio de una rebaja de la pena de su hija, ya que se enfrentan a 27 años y 26 años de cárcel, respectivamente, por el saqueo de la institución. Un expolio que el fiscal cuantifica en 22 millones de euros, de los que la mitad, se desconoce donde han acabado.

Convergència asistirá al juicio como responsable civil por utilizar el Palau como tapadera para recibir las comisiones de obra pública del último Gobierno de Jordi Pujol, tales como la construcción de la Ciudad de la Justicia (donde se celebrará el juicio) o la Línea 9 de Metro. Según la investigación, el partido habría recibido 3,7 millones de euros a través de facturas falsas.

Los Pujol, en el foco

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó a declarar como investigados por un delito de blanqueo de capitales a tres hijos del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a los que aún no había tomado declaración en el marco de la causa sobre el patrimonio de la familia. Así, emplaza para el 27 de marzo a Marta y Mireia y para un día después a Oriol.